Balances y escenarios tras el cese definitivo de ETA y las elecciones del 20-N

A Kepa Mallea, muerto en Santutxu:
por su generosidad,
por el valor que siempre le dio a la palabra
y por compartir ideas, sentimientos y movimientos

La declaración de cese definitivo de la actividad armada de ETA del 20-10- 2011 ha causado un auténtico terremoto político y social que invita a lecturas de pasado y presente y a pensar el futuro político inmediato. Las elecciones generales celebradas un mes después, el 20-N, apuntan también a un nuevo escenario institucional.

1. REACCIONES

* Hay quienes no han aceptado el cese definitivo de las acciones de ETA porque ya no ofrece la oportunidad del exterminio y derrota total del supuesto complejo ETA-Izquierda Abertzale (IA) ni, de paso, la marginación del nacionalismo en su conjunto. En este caso la mirada es desde las claves de una España única y de un Estado que dice defenderse sólo del terrorismo, ninguneando la reivindicación nacional vasca y sacrificando rasgos bastante sustanciales de un estado de Derecho.

Se va el sparring cómodo que justificaba todas las tropelías imaginables del Estado… y le echan de menos. Era una pelea, ciertamente con daños dolorosos, pero en un cuadrilátero controlado que tapaba el otro cuadrilátero, el que le importa más al Poder con mayúsculas y que sí tiene patria: la unidad de Estado. No acepta que se plantee no ya una consulta sobre la independencia sino tampoco sobre los modelos federal o confederal. En esta tesitura se mueven buena parte de las huestes del PP, UPyD, foros de la venganza diversos, los Torquemada de papel y onda o la mayoría de asociaciones políticas de víctimas.

* Hay quienes, con más visión de Estado, respiran aliviados . Un problema enquistado menos; y lo celebran. Por el momento sólo dicen que se aplicará la ley en relación a las “consecuencias del conflicto”. No se comprometen a eliminar toda la legislación de excepción generada estos años a la que atribuyen lo que llaman “la derrota de ETA”.

Se están apresurando a reescribir la historia e interpretación de este periodo y son amnésicos respecto a los abusos del Estado, las legislaciones antidemocráticas, las impunidades policiales, la crueldad penitenciaria, los crímenes sin explicar… Pactaron la desmemoria de la Transición entregando a la clase dirigente del antiguo régimen el Poder y la palabra y, ahora, reclaman que la recuperación de la memoria posterior sea selectiva, sólo sobre ETA, dejando en la sombra la otra parte de la historia: crímenes de Estado, torturas sistemáticas, penas sin medida, estrategias de castigo, degeneración democrática….

* Más abundantes por Euskal Herria son quienes, con visión vasca -y hablo de buena parte de la sociedad civil y una parte significativa de la clase política- respiran, respiramos, aliviados porque se acaba una historia que tenía que haber estado acabada hace muchos años y no se sabía ultimar. Hace años que se denunciaban crímenes y tropelías de un lado y del otro , y ahora, tras el anuncio de cese de ETA, ha surgido la oportunidad de que una parte -la que ha matado más- se vaya, y la otra, el Estado embrutecido e impune, tenga que disolver, por presión, sus perfiles más duros e ilegítimos.

* Finalmente, en el mundo de la izquierda abertzale hay una gran alegría, pero también un cierto horror al vacío a la hora de pensar y asimilar lo ocurrido en los últimos 40 años. Un final que ha sido más fruto de la necesidad que de la virtud, más de los datos del presente que de las convicciones, más de la lectura política que de la moral, incluso emancipatoria.

En este contexto ¿cabe un solo relato? No. Relatos. Al menos, uno de Estado y para consumo mayoritario español, en el que se pondrán de acuerdo PP y PSOE y sus cohortes mediáticas, a pesar de los matices. En Euskal Herria un sector (PSE y PP) tendrá el mismo relato pero lo adornarán ensalzando a la sociedad vasca, no darán mérito alguno a la Izquierda Abertzale política (IA) y hasta se sostendrá que ya no hay problema político alguno (López lo ha dicho): sólo una dulce sucesión de alternancias en el timón del Estado.

El resto de sectores –personas de mente abierta y memoria, vasquismos, nacionalismos de izquierda o no, izquierdas varias…- ¿podríamos construir nuestro doloroso relato, sin apaños ni desmemoria y que, a buen seguro, sería el hegemónico aquí? Es un reto posible.

¡Cuánto se agradecería un Memorial de agravios fehacientes que, de no recogerse, sólo quedará en la mirada herida de quienes los padecieron! La sensatez con que ARGITUZ está recogiendo esa información está alejada de quienes, en los dos bandos más enfrentados, hinchan cifras de crímenes ajenos, reales o supuestos, mientras minimizan los próximos y las responsabilidades consiguientes.

2. CONSECUENCIAS POSITIVAS

El cese definitivo de la violencia de ETA fue una noticia histórica por muchos motivos.

* Se ponía fin a un trauma colectivo que impedía unas relaciones sociales normalizadas. Acababa la lucha armada y finalizaba la situación para un amplio sector de amenazados que desvivía en el miedo; unos 3.000 escoltados por una sombra y viviendo como en una burbuja separada del cuerpo social. Otros miles, vigilados policialmente como sospechosos por pensar en independentista. Unos formidables obstáculos para la integración social desde unas vivencias diametralmente opuestas. Con miedo los unos y los otros, y con sufrimiento todos.

Ahora se disipa el miedo en unos, y también se abre la esperanza, en otros, de que se reconduzca la vuelta a una vida normalizada de personas presas y exiladas en un tiempo razonable.

* Se difumina un tapón para la canalización del cambio político que Euskadi espera, por lo menos desde mediados de los 90, cuando el “Plan Ardanza” [1] ya indicaba que, además de la IA, también el PNV daba el paso de exigir un cambio relacional político con el Estado más allá del Estatuto.

ETA era la excusa para no abordar el problema político estructural. Se nos decía “con ETA nada”, “sin ETA todo es posible”, y les crecía la nariz por su enorme desparpajo.

En la nueva fase va a utilizarse el maniqueo discurso de atribución de un perfil etno-identitario excluyente (Pedro Larrea dixit) al soberanismo de las naciones sin Estado, cuando se trata de un reto democrático por excelencia. En cambio se pasará por alto la homogenización etno-nacional atribuible histórica y actualmente al Estado, así como su concepto de “nación soberana”, no sujeta a discusión ni a mayorías ni a unas reglas democráticas razonables.

* Se pone fin al bloqueo político general.

Se abre la expectativa de algún proyecto mayoritario de país en un juego a cuatro, sin que uno pueda bloquear. A diferencia de la alternancia en España -del ahora tú y luego yo, y dentro del mismo concepto de Estado- nuestro espacio es más complejo y sobre dos ejes, social y nacional, que genera cuatro espacios cruzados de derecha/ izquierda y Euskal Herria/ España como referencias nacionales. Invitan a modelar perfiles, según las temáticas, con posibles alianzas distintas, pero para las que la impronta nacional es muy relevante.

De todos modos los números son importantes. Las cuatro sensibilidades principales actuales –tras la implosión temporal de Ezker Batua- no son iguales en tamaño social. No sería igual un escenario de dos grandes y dos pequeños, o de tres grandes y uno pequeño, o de cuatro medianos, de cara a la conformación de un hipotético “bloque histórico” hegemónico, en lenguaje gramsciano. Las elecciones generales del 20-N (2011) ofrecen una imagen rotunda [2]. Las de 2012/2013 y las dinámicas político-sociales van a ser decisivas para un nuevo ciclo ya abierto.

* Más allá de la ilegalización, ETA era un impedimento para el desarrollo de la IA , una IA sin autonomía -maniatada desde fuera y paralizada por lealtades impuestas desde dentro- y que le impedía convertirse en una corriente con vocación de liderazgo social. La excepción ha sido Aralar. El liderazgo militar en el MLNV facilitaba la expulsión de la IA del sistema institucional y electoral, y dificultaba que la sociedad vasca entendiera que una corriente así tutelada pudiera ser portadora de un proyecto democrático de cambio. ¿Cómo predicar un proyecto democrático cualitativo si el vanguardismo militarista impedía su ejercicio dentro de la corriente, y se hacía caso omiso de los deseos sociales unánimes por la paz y la democracia fuera de ella?.

Sin embargo, todavía no estamos en la paz del fin de las violencias. Por una de las partes se requiere inutilización de armas y disoluciones, reflexión y nuevas reglas de conducta. Por la otra parte, siendo impensable el desmantelamiento del sistema estatal de seguridad y de las Fuerzas Armadas mientras estemos en un Estado unitario, sí cabe exigir, en cambio y ya, la desaparición de excepcionalidades que proceden de la etapa del reto de ETA: régimen de incomunicación en comisarías; revisión del status y permanencia de una Guardia Civil vinculada a la lucha antiterrorista; generación de garantías propias de un Estado de Derecho frente a los abusos de poder y los espacios de impunidad…

3. UN RELATO A DESTERRAR: EL DE VENCEDORES Y VENCIDOS

No hay propiamente “Vencedores y Vencidos” sino estrategias fracasadas. Pero no sólo una, sino dos principales. La del militarismo en el MLNV y la del empeño del Estado en enterrar la cuestión vasca.

En el caso abertzale hay un proceso de enmienda, de giro estratégico. En cambio, el fracaso de las instituciones de Estado en transmitir que no hay problema político vasco alguno sólo refleja empecinamiento y tensiones por venir.

También hemos vivido un revés colectivo con la tardanza en lograr hacer bajar las armas. La IA no ayudó hasta el 2004, momento en el que la Declaración de Anoeta asumió conceptos elementales de los movimientos por la paz.

* El discurso bélico de “Vencedores y Vencidos” está lleno de contradicciones cuya fácil venta en España es difícil que cuaje, por su zafiedad, en Euskal Herria:

- significa que hubo una “guerra del norte”, o sea, no sólo contra ETA, sino contra todos los vascos en el imaginario mayoritario español, guerra que se expresó en que una facción vasca tomó las armas, y todos éramos sospechosos.

- significa no tocar la unidad forzosa de España concebida como eterna (aunque, más bien, no llega a dos siglos y siempre contestada).

- significa que la lucha contra ETA era instrumentalizada contra cualquier consulta ad hoc y contra la vía democrática de construcción de la nación vasca, con lo que una guerra particular ETA– Estado se utilizaba como guión central de la relación Euskadi – Estado.

* El discurso de “Vencedores y Vencidos” es además insostenible:

- ETA se retira y, en cambio, la cuestión vasca se pone de nuevo al orden del día cuando en el discurso del Poder se supone que desaparecería con ella. El cese definitivo deja desnudo al rey, y no me refiero a Juan Carlos I, que también podría ser. ETA era un problema más para Euskal Herria que para el Estado.

- Se trataría de unos vencidos muy raros puesto que, en lugar de ser menospreciados por la sociedad vasca tras la hipotética derrota del Estado al teórico “complejo ETA-Batasuna”, la sociedad vasca le premia a la IA y a sus aliados con un voto importante en las elecciones municipales (Bildu) y en las generales (Amaiur, 7 escaños). Se trata más de un fracaso con retirada de ETA -había entrado en un proceso agónico- y de un desistimiento que de una derrota propiamente dicha. ETA se retira como agente porque no tiene sitio y era contraproducente para la IA. Es posible que ETA hubiera podido continuar años en una vida militar agónica, pero políticamente era muy contraproducente desde hace tiempo (ver supra).

En cambio, en el nuevo contexto y en un periodo de indignaciones múltiples con las podredumbres e inutilidades del sistema social y político para encauzar casi ningún problema, se dispara el peso de la IA como agente con autonomía. Ciertamente tiene una oportunidad, no una bula. El tiempo dirá si la aprovecha.

- Se va a intentar explicar ese fenómeno de ascenso de la IA y del nacionalismo en su conjunto por un Síndrome de Estocolmo masivo. Pero la explicación está más bien en el hartazgo vasco con un Estado autoritario que, entre otras cosas, ya deslegitimó al Parlamento Vasco al rechazar discutir las dos propuestas Ibarretxe, o cambió artificialmente su composición para avalar el cogobierno ineficiente, dependiente y contra natura de la minoría política de PSE y PP, con López de lehendakari.

4. FACTORES PARA EL CESE DE ETA

Parece haber varios factores encadenados y que no cabe aislar entre si.

En mi opinión los factores principales han sido: una presión policial y judicial durísima; una contundente presión social vasca (la española estaba amortizada); y la interiorización de la situación real en la IA histórica, con la consiguiente lucha interna por el poder en el global del MLNV. No es fácil determinar cual es el más importante.

Sin duda, el desencadenante en el último tramo ha sido la persecución policial sobre ETA y la persecución judicial y la expulsión de la IA del sistema.

Pero ello sólo hubiera tenido resultados acotados sin los otros dos datos claves. El primer dato nos habla de la oposición social general vasca, incluida la mayoría del mundo abertzale, a las acciones de ETA, y la conciencia colectiva de que la IA política había perdido su autonomía y pie social. El segundo dato fue la decisión de la IA oficial de abrir, con la Declaración de Anoeta de 2004, otra etapa sin ETA y que tuvo que convertirse, a partir de 2007 -tras el atentado de la T4- en un órdago directo de Otegi y su corriente a ETA. Pasaba así de ser una declaración de intenciones a ser una estrategia dirigente, un Contrato- Programa con el país.

Asimismo la labor de los intermediarios y facilitadores como instrumento colectivo ha dado cuerpo técnico a estas dos presiones sociales. También ha ayudado la actitud generosa del PNV ante la Conferencia Internacional de Aiete, por ejemplo.

Sin aquellos dos datos claves podían haber pasado otros 10 años de lucha armada. Así que la versión de la victoria policial-judicial unilateral no se sostiene aunque sí se habría producido en caso de continuar ETA unos años más.

O sea, no hay un solo factor sino varios encadenados. Pero, en mi opinión, el factor más determinante ha sido la posición social vasca enfrentada a la violencia, el desencadenante último ha sido la dureza sin medida del Estado y el agente decisor lo ha sido Otegi y su corriente en el empeño de lograr mayorías internas en la IA histórica, unas mayorías disuasorias para ETA.

5. OTRA VISION DEL CONTEXTO

Se fracasará en entender lo que ha sido ETA si, a lo bruto, se la ve como un fenómeno puramente criminal, mafioso o de fanáticos. Prácticamente en los 70 y parte de los 80 la de la IA fue la ideología dominante, incluso en el ámbito de la sociedad civil, lo que quiere decir que sus valores eran compartidos, y no eran sólo de la corriente.

Las preguntas serían:

¿Por qué ETA fue el catalizador de esa ola política ya desde finales de los 60 hasta finales de los 80? Porque simbolizó la resistencia ante la imposibilidad de ejercicio de derechos colectivos o contra la decepción de la Transición ya en democracia.

¿Por qué ese despliegue generoso de jóvenes que pasaron a la clandestinidad, a la cárcel o al exilio o a penurias sin cuento a lo largo de 34 años, toda una generación y pico? Porque viene de lejos el desencaje con España y que está en la memoria colectiva y en la práctica social. Hay otra memoria, la del fracaso de las instituciones de Estado en la integración vasca o, al menos, de la Comunidad Autónoma Vasca (la Constitución defraudó; el Estatuto pasó por poco; el Plan Ardanza, el Plan y la Consulta de Ibarretxe fueron rechazados; se bloquearon las salidas) y fracasó en la integración socio-nacional de los vascos por tantos derechos conculcados y que han supuesto una memoria de agravio.

Ya empezó todo mal con la amnesia de la T ransición . No se apartó a los franquistas, no se ejemplarizó en derechos y no se dio una educación cívica. Las ideas democráticas se convertían en un barniz sacrificable. Se absolutizó la idea de Estado y la mentalidad autoritaria podía campar a sus anchas. Por eso se instaló la crueldad, el abuso, la sensación de ocupación con cargo a la Guardia Civil, las torturas y algunas ejecuciones… y, con posterioridad, cierre de periódicos, prohibiciones de partidos y la suspensión de derechos electorales para un sector que quedó fuera del sistema, juicios a mandatarios por dialogar… Todo se tragaba en aras del Estado de Derecho. Hasta una parte de la intelectualidad de izquierda se cambió de bando y se rindió a la razón de Estado convirtiéndose en su más feroz mamporrero.

Esa es parte de la Memoria oculta cuyo contenido es también imprescindible que aflore para que los exquisitos “demócratas” –tan dados a patrimonializar la democracia, confundiéndola con la razón de Estado- se sonrojen por haber mirado, y mucho, para el otro lado…

Pero a partir del contexto no cabe, en el lado contrario, en el de la IA, justificar o minimizar una estrategia de ETA que siempre fue voluntaria : de dolor y muerte en una democracia todo lo empequeñecida que se quiera; de sociedad tomada como rehén y en estado de shock permanente; de visión autoritaria de la política desde una minoría arrolladora y de ninguneo de mayorías sociales; de chantaje político en claves de contra-Estado –paz por autodeterminación y territorio-; de instrumentalización de la democracia al servicio del grupo armado; de funcionalidad de la violencia; de destrucción de bienes públicos…

Esta es también otra parte de la Memoria que deberá recorrer sola la IA en sus dos vertientes, la política y la moral. No sea que al final del camino ETA deje las armas pero, en cambio, un sector sectario de IA tenga un pensamiento militarizado que lea la historia en función de la fidelidad a ETA.

6. SIGNIFICADOS DEL CESE DE ETA

Se ha producido así otra cosa distinta a la que nos cuentan.

* Más bien se trata del fracaso de la estrategia armada en todas las variantes y ensayos: desde los atentados contra las Fuerzas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas a los atentados masivos a cuarteles, con el resultado de niños y civiles muertos y heridos, pasando por los atentados a políticos, empresarios y cargos públicos, las acciones de secuestro y de sicológica “socialización del dolor”, o el puntual terror de masas como los atentados de Hipercor o de la T-4.

* La acción armada complementaria a la electoral y a la lucha de masas ha resultado un fiasco práctico, si se exceptúan Lemoiz y Leizaran. La pretensión de obtener efectos objetivos más allá del peso social saltándose la valla de la legitimidad no ha funcionado.

* En las fallidas estrategias armadas se incluye la disfuncionalidad de los dos modelos largamente ensayados, el político- militar y el militar , de relación entre sector político y armado para la confrontación en regímenes democráticos.

ETA P-M, de dirección conjunta, implicaba en las decisiones a los políticos de EIA o EE. No tuvo recorrido y fue breve. Se supone que ese modelo impedía el militarismo, pero las bombas de estilo terrorista de Correo, Chamartín y Atocha lo desmienten, y los atentados con muerte o tiro en la rodilla de políticos o empresarios también. Asimismo fue absurdo que se defendiera con las armas un Estatuto ya aprobado. Tanto despropósito explica su final rápido con un acuerdo con Rosón que, de todos modos, no parece que fuera tan malo visto desde la distancia.

Esa experiencia de implicación directa de políticos en decisiones terribles no autorizaba luego a éstos a que dieran lecciones de ética a los demás. Euskadiko Ezkerra acabó como el rosario de la aurora liquidando un proyecto interesante como eran EIA o EE, y vendiendo una primogenitura a los socialistas a cambio de nada, sin que estos se transformaran en una especie de PSC. La leyenda de la altura de miras de Onaindia se cae por su peso.

En cambio, en ETA M, que apostó por la separación política y militar y la hegemonía o condicionamiento militar sobre los desarrollos estratégicos de la corriente, duró mucho más, pero también generó una enorme disfuncionalidad desde principios de los 90 que afectó al peso social de la IA. La escisión de Aralar fue un aviso.

También la de ETA M ha sido una estrategia fallida y éticamente insoportable, que educó en el todo vale y en mirar para otro lado a toda una generación de abertzales. El reciclaje será largo.

*Contrariamente a lo que se suele decir, la propia permanencia de la IA se debe menos a una ETA catalizadora que al espíritu combativo de la propia IA y la evidencia de los errores e imposiciones del sistema, que ha sido el gran alimentador del cabreo social.

Cabe sostener que ETA fue catalizadora social en los años 70 y 80, sí, pero que empezó a dejar de serlo a principios de los 90, si se exceptúa para el núcleo duro y de los jóvenes radicales. Se produjo una recuperación provisional de lugar social en ocasión del Acuerdo Lizarra pero, precisamente, porque parecía que ETA podía dejar definitivamente la lucha armada.

Asimismo, aunque nunca lo sabremos, es pensable que sin ETA, Euskadi y la IA hubieran llegado mucho más lejos.

* ETA fue perdiendo el sentido de las relaciones de fuerza reales entre Estado, Sociedad y ETA. En las estrategias negociadoras siempre subía el listón más allá de lo razonable (en Lizarra o Loiola, al menos). El resultado ha sido quedarse sin listón, y optar por el desistimiento y sin negociación, cediendo los bártulos a su dueño legítimo: la IA representativa de la corriente.

* El mayor error de ETA, tras Hipercor fue la estrategia de “ socialización del dolor ” de años después. No iba contra el Estado, sino que absurdamente victimizó a la sociedad vasca entera en la expectativa de que el hartazgo aceleraría la negociación. Pero la sociedad no pudo sino darle la espalda, perdiéndose cualquier asomo de apoyo o de comprensión. El doble discurso de reclamar derechos conculcando otros no era socialmente asumible.

* Al final, y tras la Declaración de Anoeta de 2004, todo se ha desencadenado. Fue ETA, con sus órdagos prácticos en Loiola y en la T4, quien puso en cuestión a la propia IA. Una dirección con criterio y riesgo y, sobre todo, desde el sorpasso interno ante las bases mediante el Zutik Euskal Herria que es de ayer mismo, han canalizado el problema. El grupo representado por Otegi y Diez era la última oportunidad generacional.

Forzando el cambio en la relación de fuerzas interna entre la IA militar y la IA política, ésta tuvo que retarle a la primera y asumir la dirección, produciéndose no ya sólo un cese definitivo sino una jubilación anticipada de ETA, cuyo cometido será gestionar los temas de presos y exiliados y la cuestión de los arsenales, lo que mientras no ocurra tampoco se disolverá.

* La no disolución de ETA significa un riesgo de vuelta a las andadas de algún sector, pero su dosificación es comprensible porque no ha sido una rendición. Aunque parece impensable una negociación directa y técnica sobre las “consecuencias del conflicto” entre el nuevo Gobierno del PP y ETA, la mensajería y conversación virtual mediante grupo internacional de contacto, parlamentarios y colectivo de presos, son necesarias, evitando el riesgo de que se abandone a los presos a su suerte y a la dudosa magnanimidad unilateral del Estado. Las conclusiones de la Conferencia Internacional de Aiete iban en la buena dirección. En la fase final alguien habrá de constatar que no queda espacio para una “ETA auténtica” dentro de la habitación, apagar la luz y -con alguna explicación plausible e instructiva de la historia, para que no ocurra nunca más- cerrar la puerta de una época.

7. PERIODIZACION DE LA RELACION EUSKADI Y ESTADO

Interpretar el tiempo pasado y presente requiere cierta mirada a vista de pájaro y con más mimbres que los utilizados en el discurso del Poder -que interpreta el tiempo en términos del propio Poder y sus siglas gestoras- o en el de la IA que sobrevalora su influencia en la determinación del proceso. Ambos han de integrarse en un diagnóstico general en el que están otros agentes y la sociedad misma.

Petxo Idoiaga propuso una razonable y bastante detallada historia en su artículo de “Anotaciones históricas” (Viento Sur nº 106. Noviembre de 2009) por lo que no se trata aquí de periodizar puntualmente acontecimientos desde el posfranquismo hasta hoy, sino de detectar las grandes tendencias ordenadoras o derivadas de los acontecimientos.

En mi opinión hay tres grandes etapas en el caso vasco.

* Una primera etapa puede situarse entre 1975 y 1988. Se caracterizó por la pugna entre los esfuerzos de institucionalización del nuevo Estado, por la confrontación de un sector social amplio contra la Reforma primero, y contra el sistema político surgido de la Transición después, y por la presión durísima de ETA para una negociación directa con el Estado, acumulando en la década su más larga estela de muertes, focalizadas sobre los aparatos de Estado, pero entre las que hay que incluir, por lo impactante que fue en el mundo abertzale, el asesinato de Yoyes en 1986.

Esas fechas de referencia serían la muerte del Dictador en 1975 y la bomba en Hipercor de 1987 y el ulterior pacto de Ajuria Enea de 1988.

Ahí cabría distinguir dos subetapas: una, la época propiamente de Transición desde 1975 hasta 1979, año en que el Estatuto de Autonomía resulta mayoritario y significa el inicio de ensayo de encaje institucional de los vascos en España, ya que no habían refrendado la Constitución; otra, el esfuerzo de institucionalización del Estado -recortada tras el golpe de Tejero- entre 1980-1988, año de firma del Pacto de Ajuria Enea, en la estela del Pacto de Madrid.

La idea era “todos frente a ETA” (incluía la dispersión de presos y una vaporosa salida política, siempre bloqueada por el PP) y, también, frente a la IA que, en la década, había conocido un importante crecimiento electoral con un punto álgido en las Elecciones Europeas de 1987 en todo el Estado (circunscripción única) con 350.000 votos; y que ETA arruinó con el impacto del atentado de Hipercor en Catalunya, unos meses después.

* Una segunda etapa entre 1989-1997, es decir entre la frustración por el fracaso de las negociaciones de Argel hasta el asesinato de Miguel A. Blanco. Ese periodo está marcado por un Estado ya consolidado y con una legitimación suficiente en España y Euskadi, que se traducirá en el aislamiento de la IA y su asomo al abismo de la exclusión social al final de esa etapa.

Si en la primera subetapa (1988-92) una IA anonadada insiste en ser sólo una comunidad anti-represiva, en la segunda etapa (1992-95) casará mal la nueva “Alternativa Democrática”, que sustituye al programa KAS, con la Estrategia de ETA de “socialización del dolor” (hecha suya en las contramanifestaciones de la IA contra el lazo azul y contra un sentimiento de rechazo colectivo).

Ello se traducirá en una mayor soledad de la IA con puntos culminantes de aislamiento: secuestros de Iglesias (1993) -con aparición del lazo azul- y de Aldaya (1995), la tortura de Ortega Lara (1996) y el asesinato de Blanco de 1997. La repulsa unánime vasca significó un Rubicón. Se produjo la ilegalización de Batasuna y el encarcelamiento de la Mesa Nacional al final de ese año sin respuestas sociales fuertes.

* Una tercera etapa puede situarse entre 1998-hasta hoy. Se inicia un ciclo soberanista de carácter frágil, a lo largo de la década anterior. Con la ofensiva antinacionalista de los partidos de Estado (acuerdo Redondo-Mayor Oreja) sonó la voz de alarma del conjunto del nacionalismo, quien suscribirá (incluida IU-EB) el Acuerdo de Lizarra en 1998. Se ponía al orden del día la Segunda transición pero los mimbres subjetivos no lo estaban todavía.

Cabria distinguir ahí también dos sub-etapas. Una desde el Acuerdo de Lizarra de 1998 al preacuerdo de Loiola de 2006. En el primer caso fue una alianza abierta pero de parte –con una gran hostilidad del PSE y PP- que acaba de mala manera y con una decepción y desconfianza enormes de un amplio sector respecto a la Izquierda Abertzale en su conjunto. En el segundo caso, tras la tregua de 2006, el preacuerdo de Loiola de 2006 fue transversal y a tres bandas (PNV, IA y PSE-EE) y también dinamitado por ETA.

En el ínterin se habían producido ilegalizaciones, el rechazo del Estado a las propuestas de Ardanza –cuando el PNV advierte la intención de sorpasso del PP y PSE al alimón- y más contundentemente a las de Ibarretxe. Ibarretxe es el primero que concreta una apuesta soberanista, incomprendida en parte de su propio partido, en la IA y en los sindicatos nacionalistas, estos últimos molestos por el escaso margen participativo en su elaboración e implementación. También se produce la Declaración de Anoeta en 2004 en la que se separa la negociación política y la “técnica” pero sin que la IA política tuviera en ese momento la hegemonía de la corriente.

La otra sub-etapa es de 2006- hasta hoy. Incluye la persecución y crisis del proyecto de IA. El MLNV es obligado a una reconversión general con cese definitivo de la violencia y al logro de la autonomía de la dirección política de la IA al final del subperíodo, en el 2011.

¿Se ha inaugurado en 2011 una cuarta etapa o continúa la tercera con el cierre de la lucha armada, unas nuevas mayorías sociales ya mostradas en las elecciones generales del 20-N, y con la reapertura del ciclo soberanista, pero con más amplias y sólidas mayorías capaces de un reto colectivo?.

8. NUEVOS TIEMPOS: TEMÁTICAS A LA VISTA

Nuevos tiempos, al menos a unos años vista. El ritmo y la profundidad dependen de las contabilidades electorales y de las decisiones de los agentes después, incluida la movilización. Los resultados de las Elecciones generales del 20-N en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) han dado una inédita y holgada mayoría a los nacionalismos y también mejoran en Navarra. Igualmente dependerán de las dinámicas políticas, de los dilemas sociales entre unas políticas públicas sociales compensatorias o más neoliberalismo de la austeridad y que ya está trayendo una gigantesca redistribución negativa de la riqueza.

Las mayorías en España y en la CAV son diametralmente opuestas, lo que anuncia un choque de trenes en lo político y un largo periodo muy inestable. Pero los temas (presos, legalizaciones, cuestión vasca, economía) deberían ir por carriles distintos, que no se interfieran y bloqueen mutuamente.

Lógicas políticas instaladas

Hay cuatro ejes que nos esperan en lo inmediato

* Uno, sobre las consecuencias de las violencias, tiene a su vez dos vertientes: el derivado del proceso implícito de “Paz por presos y legalizaciones y sin precios de contenido político” al que asistimos. La contrapartida en ese proceso debería ser lo dicho y la regularización de las excepcionalidades del propio Estado de derecho en los planos legislativo, judicial, penitenciario…. Todo ello es necesario, además, para forjar la paz y afianzarla.

* El segundo, hay una fantástica oportunidad para la fluidez social, para el intercambio, más allá de los bloques y fidelidades, para construirse como sociedad abierta y en el respeto mutuo. También para superar nuestra natural querencia por las banderías y nos miremos a la cara todos, reconociéndose incluso quienes rompieron relaciones políticas y humanas en su día a raíz del monotema y ahora pueden compartir alternativas de futuro.

La construcción de la convivencia, más allá de la coexistencia y de la tolerancia, significa esfuerzo (compartir la idea de víctima aunque el orden de importancia no sea el mismo para unos y otros, por ejemplo), gestos, reciprocidades y nuevas reglas reconocidas por todos los agentes.

* El tercero es la puerta abierta, de nuevo, al debate sobre la Segunda Transición.

* El cuarto, y no el menos importante, porque es el que le aprieta más a la ciudadanía, es afrontar la crisis económica de largo plazo desde criterios de solidaridad real y contra la que nadie plantea aún alternativas claras.

El mapa institucional previsible

Si fuera cierto el relato de que la firmeza del Estado nos ha traído el fin de la violencia, la sociedad vasca se lo habría agradecido votando masivamente a Rubalcaba y a Rajoy. Y no ha sido el caso del 20-N, en unas elecciones generales que son favorables al bipartidismo.

En las Elecciones Autonómicas de 2012 o 2013 no sería imposible acercarse al 2/3 de orientación soberanista o de posición favorable al cambio de marco político, tal y como ya ocurriera en las municipales.

Incluso cabe la hipótesis de que las izquierdas abertzales pudieran convertirse, en las elecciones autonómicas y al menos coyunturalmente, en la primera fuerza de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Si bien facilitaría las apuestas colectivas por las vías sólo democráticas también elevaría el miedo del Estado gestionado por el PP a reinventar España. Tras el cese de ETA y la reinstitucionalización de la IA histórica hay una gran oportunidad para ésta: pasar de ser una comunidad anti-represiva y defensiva a una comunidad constructiva y con vocación referencial y marcando una agenda propia.

Pero la condición para un hipotético liderazgo estable es el cambio de filosofía, de valores y de metodología desde una estrategia doble de inmersión institucional de nuevo tipo –o sea, de gestión de problemas ciudadanos con participación social- y de organización social con movilización, sin la sombra alargada de la vanguardia militar.

Deberá despejar desconfianzas bien arraigadas en sectores amplios, tanto organizados como sociales, y aprender a superar sin saltarlo el marco legal por aquello de la legitimación. Desde ahí podrán tener amplios respaldos las estrategias de acumulación social, de desobediencia civil –del “acato pero no cumplo”- o de confrontación ante las negativas por venir de un Estado previsiblemente bunkerizado.

- La pregunta del PNV será cómo volver a ser cauce central. Mirará a dos lados antes de decidirse. Puede tener la tentación de no querer abrir el melón si no tiene garantías de ser el fiel de la balanza. De todos modos, los resultados del 20-N le han tranquilizado. Recupera confianza para llegar a acuerdos (la presión de las bases es para acuerdos entre abertzales; la presión de una parte del aparato es volver al viejo modelo de acuerdo entre PNV y PSE tras dejarle a éste que se cueza en sus propios errores). Tendrá difícil maniobrar en lo económico-social ante el clamor social por medidas ante la crisis.

- ¿El PSE habrá aprendido y reiniciará un giro estratégico? Ya sin el apoyo de Moncloa, necesita resituarse frente al PP. Mirará hacia el PNV. ¿Puede tener la llave aun siendo la tercera fuerza?. Al contrario, ¿querrá suicidarse y seguirá pugnando por el mismo espacio que el PP vasco que sólo piensa en claves de confrontación España- Euskadi y en políticas neoliberales?

8. RUTAS

Esos ejes deben traducirse en rutas con ritmos propios, siendo impensable -tras el cese de ETA y por lo tanto de la influencia de su presión política- que pueda producirse una negociación conjunta y simultánea de “causas, consecuencias y procedimientos”, tal y como metodológicamente distinguía Elkarri, y más recientemente Mario Zubiaga.

Causas y procedimientos pasan a gestión política colectiva en función de relaciones de fuerza, mientras una parte de las consecuencias (presos y exilados) lo gestionará el colectivo de presos y testaferros. La otra parte de las consecuencias, la excepcionalidad de Estado, pasa también a dominio político.

Las consecuencias

La ruta de las “consecuencias” de las violencias pasa por entender que el tema de presos es ya un tema central de la agenda política pero que, si se deja pudrir, tiene el riesgo de enquistarse, puede enredar y centrar ahí la vida política y generar la tentación de una vuelta a las andadas de quienes se sientan traicionados. El PP perdería la oportunidad de apropiarse del fin del conflicto violento.

Cabría apuntar ya que Zaballa puede ser la cárcel de acercamiento, canalizar de inmediato el tema de enfermos, los delitos sin sangre, la anulación de la doctrina Parot…Los presos deben ser un agente e interlocutor colectivo -y no individuo a individuo- en el plano de las consecuencias. La cuestión de los perdones individuales, en lugar del relato colectivo de ETA, está pésimamente mal planteada.

El entendimiento social

La ruta de la integración de la sociedad vasca también pasa por tener un relato plausible mayoritario en el país.

La convivencia restablecida y el reconocimiento del daño bastarían pero… de todos. Por el momento nadie ha pedido perdón por la Transición o el GAL, y ya han pasado décadas. Si el Estado no lo hace, y tampoco reconoce siquiera a todas las víctimas, no lo podrá exigir a otros. Quizás se tenga la tentación de responder con la misma moneda pero, desde la otra parte, es más que conveniente que se haga, y ello por pacificar a la sociedad misma y embeberse de nuevos valores.

La Resolución 60/147 de Naciones Unidas de 16-12-2005 dice: todas las víctimas de estas conculcaciones tienen derecho a la verdad, justicia y reparación y no cabe distinción alguna por motivos de la orientación política o de otra índole que pudiera tener o no tener la víctima o el perpetrador, por el tipo de régimen político en el que se producen estas conculcaciones o por ningún otro concepto.

Respeto, reparación, reconocer errores, c ambiar valores y actitudes sociales son los ítem en la buena dirección del futuro. La reconciliación de la gran mayoría de la sociedad vasca posiblemente vendrá a largo plazo y, posiblemente, tras las batallas políticas .

Todavía es pronto para un balance compartido suficiente de todos estos años desde algo parecido a una Comisión de la Verdad. Sólo tras procesos abiertos de integración compartida, de reconciliación lenta, no forzosa y sin estridencias, quizás sea posible plantearla pero sólo a medio y largo plazo. Por el momento ya será difícil que haya tan sólo dos memorias.

Y esto último porque, como decía Ignatieff (2002): “La idea de que la reconciliación depende de la posibilidad de compartir la verdad de los hechos no tiene en cuenta que la verdad se relaciona con la identidad. Aquello que nos parece verdadero depende de lo que creemos ser”. Y ciertamente somos lo que creemos ser.

Notas de hoja de ruta política

* La hoja de ruta política de Aiete no es obligatoria para quienes no estuvieron allí pero, aunque esquemática, es referencia para todos y para la sociedad.

La de Loiola aún es menos obligatoria pero es muy interesante -la más avanzada y transversal de nuestra época- aunque difícil, porque la presión armada ya no está (felizmente) entre nosotros.

Los difíciles mimbres de Loiola no se podrán implementar sin el concurso del PSE-EE -y hay que recordar que ahí no estuvo el PP ni el PS de Navarra y que una parte del PSE (Ares y otros) ya no se reconoce en el documento-. Pero en caso de ausencia del aparato socialista en un hipotético reencuentro, sería interesante que el contenido de aquel preacuerdo se actualizara desde algún organismo neutral o desde una plataforma de gente solvente que fuera muy representativa del país, de tal manera que el resultado de su trabajo se convierta en hoja de ruta social mayoritaria. Desde el respaldo de todos los nacionalismos y sindicatos abertzales y el empuje de una movilización social, permitiría, si tiene virtualidad transversal, plantear una propuesta clara para la sociedad vasca y navarra, incluidas las bases electorales de socialistas y de una parte de los conservadores, y no sólo de los nacionalismos.

El horizonte independentista puede ser inspirador y deseable para amplios sectores, pero no parece que tenga, hoy, mimbres sociales para plantearlo como una reivindicación inmediata de periodo. En cambio, la reivindicación del derecho a decidir podría concitar grandes mayorías sociales y alianzas más variadas y suficientes y ser la reivindicación de período. Dentro de la definición del marco, cuando estén todos los agentes reales en los Parlamentos (el vasco y el de Navarra), cabría retomarse, en el caso del Parlamento Vasco, el contenido del Estatuto Político propuesto en su día por Ibarretxe como documento de trabajo de partida y sobre el que se perfilen el máximo de espacios de soberanía y cosoberania que no sean contradictorios con una apuesta independentista.

* Los resultados electorales de 20-N invitan a plantear, por aquello de la gobernabilidad y la representatividad, un adelanto electoral autonómico para lograr mayorías claras, con margen tanto para una política anticrisis como para la legitimación de las reivindicaciones vascas en todos los planos, incluidos los de la pacificación.

* El ciclo navarro va a ser muy distinto en ritmos y hegemonías, por lo que vincular simultáneamente el ciclo de la CAV y el de Navarra puede ser como chocarse contra la pared. La amenaza de reforma constitucional para anular la Disposición Transitoria para impedir que los navarros puedan decidir su futuro abre un nuevo frente.

La crisis económica al fondo

Van a ser de gran importancia las dinámicas sindicales para afrontar la crisis y evitar laminar y desmoralizar a las grandes mayorías ante la gigantesca redistribución negativa de la renta que se acerca desde la dudosa premisa de que el ahorro de las capas más acomodadas irá a la inversión (y sin plantearse si habrá mercado para absorber nuevas producciones). De ahí la importancia de las alianzas más allá de los partidos, también con instituciones sociales, en círculos concéntricos de influencias distintas y cuidadas.

Igualmente es necesario definir proyectos estratégicos (Educación, Sociedad de la Información, Sanidad, I+D+i, Industria, Cultura) para lo que los grupos de estudio y discusión (think tanks) pueden ser una ayuda para el trabajo en común. Recordemos que hay indefiniciones múltiples porque las violencias nos han tenido entretenidos durante décadas.

En suma, con esperanza, porque está casi todo por hacer o rehacer.

Notas:

[1] Una propuesta de desarrollo del punto 10 del Pacto de Ajuria Enea, formulada por el lehendakari Ardanza el 17-3-1998, antes de dejar lehendakaritza y relativa a un final dialogado, y que fue rechazada por PP y PSE con lo que el Pacto se dio por muerto.

[2] Ver R. Zallo “Tras el 20-N: elecciones anticipadas “Deia 22-11-11.

Fuente: http://www.rpublica.org/contenidos/opinion/1160-ramon-zallo-qbalances-y-escenarios-tras-el-cese-definitivo-de-eta-y-las-elecciones-del-20-n-informe-de-s

PAZ, DEMOCRACIA Y CAPACIDAD DE DECISION EN EL PAIS VASCO (2008)

 PAZ,  DEMOCRACIA  Y CAPACIDAD DE DECISION EN EL PAIS VASCO (2008)  (Informe para el profesorado de Universidades extranjeras y del Estado Español)

Elkarbide, nació en 2003 como una iniciativa de un sector del profesorado universitario vasco que propugnaba una convivencia plural y normalizada así como un debate público sereno sobre todas las cuestiones esenciales de la sociedad vasca.

Tras distintas actividades, el 16 de marzo del 2005 sen  altaba s pasedel otro entes  de unos y otro en un juego de  vas a ver lo que es bueno y de mejor no meneallo.  produjo su constitución como asociación y como corriente de opinión, con un manifiesto fundacional suscrito por 400 profesores y profesoras de diferentes universidades (Universidad del País Vasco -UPV/EHU, Universidad de Deusto, Universidad de Mondragón, Universidad Pública de Navarra, Universidades de Madrid, Barcelona, Santiago, Pau, Reno…)[1]. La misión que se dió a si misma fue rescatar la reflexión rigurosa, la racionalidad y la tolerancia que deben presidir las actuaciones universitarias facilitando las aportaciones constructivas basadas en el respeto a los derechos humanos y colectivos.

Desde entonces, Elkarbide ha continuado con su actividad pública, y además de encarar, desde una convicción centrada en el derecho de decisión, su apoyo a la resolución del conflicto nacional vasco, defiende una Euskal Herria humanizada, democrática, pacífica, identificable, integradora, ecológica, solidaria y digna. Solo nos referiremos aquí al lado político del conflicto vasco.

NOTA: Para una introducción a la demografía, sociedad, economía y modelo institucional en el País Vasco, ver en el ANEXO.

I. EL PROBLEMA VASCO

Han transcurrido 30 años desdela Transición Política. Elmundo ha cambiado (pertenecemos a la UE, el Muro se desplomó, vivimos en globalización…), se han despejado algunas de las incertidumbres de la Transición (amenazas de golpe de Estado….), se ha hecho una experiencia sobre lo que funciona o no funciona y sobre las competencias que se han querido transferir o incumplir; y hay nuevas generaciones que no habiendo participado en la confección del modelo tienen derecho a mejorarlo. Parece llegada la hora de hacer balances que permitan corregir rumbos y solventar asignaturas pendientes, y una de ellas es la cuestión de las nacionalidades.

El llamado “problema vasco” es un conflicto político originado por un mal ajuste de un Estado plurinacional que no reconoce serlo y la negación del derecho a la autodeterminación; es decir: del derecho de las personas con residencia en Euskal Herria, a decidir la forma de articular sus relaciones con otras comunidades y pueblos y con los Estados en los que se ubica. El ejercicio de tal derecho debería incluir, el diálogo y negociación con esas otras comunidades y Estados y, desde luego, el derecho de consulta de las ciudadanías vascas.

Hoy por hoy, y desde 1979 el Estatuto de Gernika está vigente enla Comunidad Autónomade Euskadi; y conforme a él se organiza su sistema político. Pero su periplo ha terminado y el modelo vigente de autogobierno y de relaciones entre el País Vasco y el Estado está agotado. Ha llegado a un límite en que no resuelve sino que agudiza algunos de los problemas y está en proceso de revisión y en la agenda política porque lo propugna una mayoría de la opinión pública vasca, al menos enla Comunidad Autónomade Euskadi.

La profunda insatisfacción vasca se deriva de varias circunstancias.

 En primer lugar, se ha producido un incumplimiento estatutario mediante la congelación de algunas transferencias importantes del Estatuto de Autonomía (seguridad social, ciencia y tecnología..). Varias leyes de Bases o generales (Universidad, Educación, Presupuestos, Televisión,…) han convertido el Estatuto en norma crecientemente vaciada y en regresión. El Tribunal Constitucional se ha prodigado en interpretaciones nada garantistas. En suma, un autogobierno estancado ya es un tapón para el desarrollo económico y el dinamismo social vasco necesitados de un autogobierno de regulación y no de mera gestión.

En segundo lugar, el paso de una sociedad industrial a otra que quiere jugar en el nuevo modelo post-industrial en un contexto global y diverso, tiene sus exigencias. Lograr la paz y el reconocimiento de la identidad cultural y política, como punto de partida para ser visibles, cohesionados y preactivos es una de ellas. Pero otra es tener la capacidad decisoria para obtener y gestionar los recursos decisivos de nuestro tiempo, desde un autogobierno con herramientas de política pública para la gestión del bienestar (seguridad social, políticas sociales), del conocimiento (ciencia, tecnología, valores añadidos inmateriales) y de la internacionalización (infraestructuras, relaciones internacionales…). Es todo esto, y no la supuesta insaciabilidad vasca, lo que espolea el cambio.

En tercer lugar, está el empeño en dejar a los vascos un país imposible y sin solución. Sacrificado, por un lado, a la comprensión centralista, autoritaria y represiva del Estado y, por otro lado, a la intervención de ETA que es funcional, como mal menor y excusa, para que el Estado no aborde el problema de fondo, y se niegue incluso a que la ciudadanía pueda chequear su pensamiento mediante una consulta ad hoc.

Con esa experiencia de tres décadas y la reclamación de una mayor capacidad de decisión por parte vasca, se ha entrado en un período de revisión el estatus de relaciones entre España y Euskal Herria, conforme a criterios que entroncan con los principios modernos de autodeterminación o de derecho de decisión democrática, teniendo los aspectos históricos una función legitimante complementaria. Por ello, se debate en la actualidad la sustitución del actual Estatuto en Euskadi, o bien por otro distinto en claves de asociación con España desde la libre decisión, o bienmediante la reforma del Estatuto vigente.

El Parlamento Vasco de la legislatura 2001-2005 se pronunció por la primera alternativa. El 30 de diciembre de 2004 aprobó un nuevo proyecto, por mayoría absoluta (39 contra 34) para su negociación con el Gobierno de España y de cara a formalizar un pacto político de relación institucional. Se instaba al Estado español a convertirse en un Estado plurinacional, en lugar del modelo mononacional quela Constituciónparece consagrar y que, en 1978, contó con un muy escaso (34%) respaldo popular vasco.

Ese proyecto de “Estatuto político dela Comunidadde Euskadi” se definía como de “libre asociación con el Estado Español”. Con más competencias que el vigente –se acercaba a un modelo federal/confederal para un Estado Español plurinacional –, ponía especial énfasis en los mecanismos bilaterales para la verificación del cumplimiento de los compromisos y en la consideración del Pueblo Vasco como sujeto político con derecho de decisión y la obligación de negociación con el Estado central. Fue rechazado por el Congreso de los Diputados español sin ser tan siquiera discutido, pero sus contenidos forman parte del nuevo debate vasco sobre el autogobierno en la legislatura comenzada en el 2005.

El argumento tan repetido de que esa propuesta rompía a la sociedad vasca simplemente no era razonable. ¿En qué molestaba o molesta a los votantes del PSE o del PP que haya más autogobierno, una administración más cercana o una representación internacional, incluidas unas selecciones deportivas internacionales propias?. El principio de subsidiaridad es hoy algo compartido por todala sociedad. Elproblema está en los aparatos políticos, en los partidos, con intereses propios que los atribuyen a la sociedad para escudarse, mientras se niegan a resolver los problemas para cuya resolución nacieron.

 Además en la democracia española hay horror a preguntar, a consultar. Es un contrasentido. La unión forzosa sin derecho a contabilizarse siquiera cuántos ciudadanos están de acuerdo o no con la forma en que, en un momento dado, se está dando esa unión (no ya la independencia) no es patrimonio de los pueblos libres: ni del impedido ni del que en nombre del cual se impide consultar. La española es una democracia de baja calidad, en deterioro. La larga experiencia del franquismo y la forma pactada de la Transición democrática proyectan una larga sombra sobre el sentido democrático de las élites españolas con una utilización de las normas como corsés contra el sentido democrático último o las identidades nacionales.

II. UNA VIOLENCIA QUE NO CESA

El conflicto vasco es históricamente muy anterior a la existencia de ETA pero la violencia armada de esa organización le ha acompañado desde los años 60 del siglo XX. Aunque busque justificarse en el déficit democrático o en los comportamientos antidemocráticos del Estado, ETA vulnera derechos esenciales, deshumaniza las relaciones ciudadanas y hace degenerar las libertades democráticas. Esa duración de casi medio siglo no aporta justificación alguna, ni moral ni política, para la actividad armada.

Pero tampoco es honesto tomar la violencia como excusa para no abordar los problemas de fondo hasta que aquella desaparezca. La resolución del conflicto vasco sólo puede y debe producirse en el espacio de la acción política y de la decisión ciudadana.

La última violencia en Europa

 Desde 1968 al 2006 se estiman en más de 1.000 los muertos en condiciones de violencia política. De ellos, 800 han sido provocados por ETA, y los demás –especialmente en el tardofranquismo y la transición– en enfrentamientos, manifestaciones, comisarías, grupos parapoliciales… Si algunos de los años 80 se saldaban con cerca de cien muertos, en los 90 los asesinatos de electos y las bombas indiscriminadas fueron frecuentes.

En efecto, durante todos estos años ha habido episodios especialmente dolorosos, como los asesinatos por parte de ETA de José María Ryan y Ángel Pascual –ingenieros de la paralizada construcción de la Central Nuclearde Lemoiz–, las bombas en el Banco Vizcaya en Bilbao, en Hipercor de Barcelona, en el cuartel de la Guardia Civilde Zaragoza o en Vallecas (Madrid), la ejecución anunciada de Miguel Ángel Blanco, los asesinatos de Juan Mari Jauregi y Fernando Buesa o el cautiverio de Ortega Lara. Tras la última tregua, en diciembre del 2006 murieron asesinadas dos personas en el Aeropuerto de Barajas; más tarde dos guardias civiles en Francia; y, dos días antes de las elecciones generales de 9 de marzo del 2008, el ex concejal socialista Isaías Carrasco. A ello hay que añadir múltiples actos de violencia callejera (kale borroka) contra personas y bienes.

Lamentablemente la parte mayoritaria del nacionalismo radical,la Izquierda Abertzalepolítica y civil, guarda silencio ante esos desmanes y ha permitido que ETA sea la vanguardia, imponga las situaciones al conjunto de la corriente ideológico-social que se reconoce como Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV). En el plano electoral la izquierda abertzale mayoritaria ronda los 100-150.000 votantes, un 10% del electorado, aunque en los años 90 fue bastante superior.

Por parte del Estado nunca se depuraron las responsabilidades por los crímenes del franquismo, incluidos los últimos episodios de fusilamiento de Juan Paredes (Txiki) y Ángel Otaegi en 1975 o de la represión policial de 1976 en Vitoria-Gasteiz con la muerte de cinco obreros. En la transición a la democracia y posteriormente hubo asesinatos (Xabier Galdeano, Santi Brouard, Josu Muguruza…) perpetrados por el Batallón Vasco Español o por el parapolicial GAL -auspiciado por la cúpula socialista en los 90- o por la extrema derecha. Igualmente, murieron asesinados como resultas de torturas en comisarías varios militantes de ETA (Joxe Arregi, José Antonio Lasa, José Ignacio Zabala o Mikel Zabalza).

 Los casos de torturas policiales fueron incontables y su continuidad llega hasta nuestros días. En efecto, solo en el año 2007 –año en el que había tregua de ETA- se produjeron 42 denuncias de torturas. Los informes de Amnistía Internacional o del Relator de la ONU contra la Tortura dan fe de ello. Uno de los casos de especial impacto fue la denuncia del Director del diario Berriak –Martxelo Otamendi- detenido porla Guardia Civilen ocasión de la clausura de las instalaciones del diario Egunkaria.

Para erradicar la violencia tanto instituciones como movimientos sociales, partidos políticos y organizaciones, instancias eclesiásticas, grupos de personalidades relevantes e incluso observadores internacionales han efectuado distintas propuestas, cuyo sentimiento unánime ha sido la necesidad del cese definitivo de la violencia y la humanización de los fenómenos vinculados (acercamiento a cárceles vascas de los más de 600 presos vinculados a ETA dispersados por cárceles lejanas…).

La última experiencia de negociación

En marzo del 2006 se produjo la buena noticia de que ETA declaraba un “alto el fuego permanente”. El País Vasco ha vivido traumatizado todos estos años y parecía verse la luz al final del túnel. La tregua formalmente iniciada en marzo del 2006 (aunque no hubo muertos desde bastante antes) acabó en marzo del 2007. Pero en diciembre del 2006 en el aeropuerto de Barajas ETA asesinaba incidentalmente a dos personas. Quedaban quebrados los procesos de diálogo que habían tenido lugar, con una doble mesa, con interlocutores y contenidos diferentes: la mesa sobre la violencia (Gobierno Socialista– ETA) con autorización del Congreso y el apoyo del Parlamento Europeo; y la mesa política de futuros o de normalización sobre los problemas más de fondo entre las principales fuerzas políticas vascas (Partido Socialista, PNV y Batasuna). Esta última deja un documento importante pero inconcluso: el preacuerdo de Loiola, de 31 de octubre del 2006, y que lleva por título de “Bases para el diálogo y el acuerdo político”. Es un punto de partida para futuros nuevos encuentros.

Se intentó pero no puso ser. La inmadurez y autoritarismo militarista de ETA (cuando se tenía un preacuerdo mejorable y poniendo la bomba de la T-4); la morosidad de Rodríguez Zapatero, a pesar de la real implicación del Partido Socialista; el descontrol de una hiperpolitizada y derechista Justicia; y un boicoteador PP (partido español de derechas y muy nacionalista), minaron el proceso hasta que ETA decidió dinamitarlo. La experiencia, no obstante, no queda en saco roto. Ni en futuras metodologías -que habrán de ser distintas a la que no ha funcionado en ésta o en anteriores ocasiones- ni en los elementos formales de encuentro logrados esta vez.

Las anteriores experiencias de negociación

Con anterioridad se habían ensayado múltiples vías (Conversaciones de Argel, Pacto de Ajuria Enea, Vía Ardanza, Acuerdo de Lizarra, Proyecto de Estatuto político) que no parecen repetibles.

Las fracasadas conversaciones de Argel (1989) entre ETA y Gobierno, con una tregua de solo tres meses, fueron sobre contenidos políticos y desde posiciones muy alejadas.

La vía del Pacto de Ajuria Enea (1988) y que duró diez años como plataforma de encuentro entre partidos vascos, a excepción de Batasuna, se convirtió en puro antiterrorismo sin cambios; y la “vía Ardanza” (1996) la anularon los socialistas (Nicolás Redondo y Rosa Díez eran los dirigentes) con la apuesta de la pinza antinacionalista con el PP.

Tampoco funcionó el “Pacto de Lizarra” entre todo el nacionalismo, Ezker Batua-Izquierda Unida y la mayoría sindical. Seguía el modelo irlandés pero la confusión entre pacificación y normalización le daba un cheque casi en blanco a ETA cuya inmadurez e impaciencia lo arruinó. La tregua formalmente duró de septiembre 1998- noviembre 1999.

La Propuesta de Nuevo Estatuto Político votada en el Parlamento Vasco el 30-12-2004 tuvo la caducidad de un portazo en las Cortes españolas, y queda como material revisable en reserva.

No esperar, preparar

En la actualidad el proceso de paz está en suspenso, roto. ETA ha seguido atentando sobre personas y bienes y, a lo largo del 2007 y2008, ha continuado el proceso de deterioro de derechos y libertades democráticas. En esas condiciones es imposible cualquier proceso de diálogo resolutivo. Pero es inevitable en el tiempo porque ni ETA puede continuar -ya está deslegitimada ante la propia izquierda abertzale- ni cabe cerrarle la puerta a un país durante mucho tiempo.

 Por eso no parece sensato esperar sentados a que ETA proclame una tregua unilateral. Eso puede ocurrir según su humor o su lógica perversa, mañana o dentro de 5 años. Asimismo el Estado puede justificar no moverse largo tiempo mientras ETA esté activa.

La tesis de la espera supone una doble quimera: confiar en que ETA renuncie solo por deslegitimación y represión; y que el Estado pase de mononacional a plurinacional por convicción o prestidigitación. El efecto es que le da a ETA la doble llave de su propia actividad y de la política general; y que le da al Estado la excusa para no moverse e impedir cualquier cambio que, en el fondo, es lo que más le preocupa, mientras ETA ejerce de sparring útil para el inmovilismo y contra el derecho de decisión.

Uno de los efectos de este bloqueo es la paralización de la Izquierda Abertzale. Por un lado, ilegalizada por el Estado y expulsada de las instituciones; y por otro, imposibilitada para legitimar su acción pública por su acriticismo respecto a ETA o a sus acciones y su falta de cohesión para emprender un camino propio asumiendo el liderazgo definitivo de la corriente

Hay que tomar iniciativas acertadas, simultáneamente pero de manera separada, en los dos campos (paz y normalización) para que ETA no le robe la agenda a la sociedad real, a los partidos e instituciones; y para que el Estado no bloquee el cambio del marco jurídico-político. De hacerlo convertirá esta nación sin Estado en rehén de una institucionalización que no respaldó (Constitución) y de una vía agotada (el viejo Estatuto) y que ya no sirve para sus retos actuales.

Hay que preparar las condiciones del cambio. En el inmediato futuro será necesario restablecer el diálogo político mediante iniciativas que nos devuelvan al esquema que casi todas las fuerzas aceptaron en la última tregua de ETA: ausencia de violencia y una separación radical -y mediando un declaración de alto el fuego definitivo- entre la negociación entre el Gobierno central y ETA sobre la desmilitarización del conflicto, y la negociación entre todas las fuerzas políticas vascas sobre contenidos que avancen en una solución democrática del mismo.

III. DETERIORO DE DERECHOS Y DE LIBERTADES EN LA DECADA

La nueva Ley de Partidos Políticos (Ley orgánica 6/2002, de 27 de junio) y la normativa antiterrorista forman una tela de araña que puede ir cercando a distintas organizaciones o a las dirigentes molestos para el sistema, bastante más allá de la izquierda nacionalista, y según se necesite. Bajo el mandato de Rodríguez Zapatero los abusos judiciales, a impulso político de la Fiscalía general o de los propios jueces, han sido muy preocupantes.

La legislación antiterrorista

El Gobierno socialista de Felipe González, con la aprobación de la Ley orgánica 9/1984, de 26 de diciembre -contra la actuación de bandas armadas y elementos terroristas- estableció los pilares básicos de la lucha antiterrorista en el estado español. Contenía una preocupante restricción de los derechos procesales de la persona.

A partir del año 2000 el Gobierno de Jose María Aznar (Partido Popular) endureció aún más la anterior y ya restrictiva legislación antiterrorista (policial, penitenciaria y judicial). Así la nueva reforma del Código Penal de enero de 2003 establecía entre otras medidas la elevación de la pena máxima para los delitos de terrorismo de30 a40 años de prisión o que los condenados a penas superiores a 5 años de prisión no pudieran acceder al tercer grado penitenciario hasta cumplir de modo efectivo un “periodo de seguridad” correspondiente como mínimo a la mitad de la condena impuesta.

Otras medidas que reformaban la Ley de Enjuiciamiento Criminal eran restrictivas de los derechos fundamentales de la persona: una persona podrá ser suspendida en el ejercicio de un cargo público en virtud de un simple auto de procesamiento; prolongación de la detención gubernativa durante 5 días y su completa incomunicación[2]; posibilidad de prórroga de la prisión provisional[3], lo cual entraña de facto la aplicación anticipada de la pena sin sentencia en firme[4]; en algunos supuestos, cabe la violación del domicilio y la interceptación de las comunicaciones privadas aún sin autorización judicial[5] y por tiempo ilimitado; aplicación de “procedimientos de urgencia” a delitos de terrorismo[6]; los casos de terrorismo se investigarían y juzgarían exclusivamente en un tribunal especial,la Audiencia Nacional, creada en 1975, independientemente del domicilio del enjuiciado.

Las máximas autoridades encausadas

La condena a penas de dos años de inhabilitación para cargo público y a multas de 108.000 euros, del Pleno de la Sala Penaldel Tribunal Supremo (TS en adelante), por desobediencia al mismo[7], al entonces presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa (miembro del PNV) y a los ex miembros de la Cámara, Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (Ezker Batua- Izquierda Unida) son una muestra de la extensión de la Legislación antiterrorista o dela restrictiva Ley de Partidos incluso a personas o autoridades totalmente opuestas al terrorismo. También son una prueba de que el antiterrorismo puede implicar pérdida de derechos ciudadanos y de garantías procedimentales.

 Asimismo, están encausados el Lehendakari, Presidente del Gobierno Vasco, Juan José Ibarretxe y el líder de Partido Socialista de Euskadi, Patxi López, por reunirse con dirigentes de Batasuna para buscar la paz, contraviniendo una abusiva prohibición judicial genérica de que los partidos tuvieran relaciones con la Izquierda Abertzale. En el aspecto procesal ha quedado en evidencia el interés político de los jueces afines al Foro de Ermua[8] y su doble rasero. No queriendo sobreseer el caso, promovido solo a instancias de la “acusación popular” (Foro de Ermua y Dignidad y Justicia) y contra el criterio de la fiscalía, han entendido inaplicable la doctrina Botín. El TS ha hecho suya esa interpretación[9].

 El cierre de diarios

La estrategia antiterrorista del Partido Popular, secundada por el Partido Socialista, produjo el cierre de dos periódicos. En junio de 1998 el juez Garzón cerró “cautelarmente” el diario Egin, acusado de formar parte del conglomerado empresarial “controlado por ETA”. El 14 de julio de 1998 el mismo juez instructor decretó mediante auto el cese de las actividades del grupo Orain, que editaba el diario Egin.

El día 19 de febrero de 2003 el juez instructor de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, autorizó mediante un auto a la Guardia Civilpara proceder al registro de las instalaciones del diario Euskaldunon Egunkaria y, un día más tarde, ordenó la clausura “temporal” del único diario que se publicaba desde 1990 íntegramente en lengua vasca, euskara, por su presunta vinculación con ETA, quien -afirmaba el fantasioso auto- controlaba la empresa editora del diario. La fiscalía misma contradijo y criticaba el auto y no presenta acusación. Tras el cierre del periódico Egunkaria, un grupo de directivos y periodistas fueron detenidos y recluidos en régimen de incomunicación. Tras su liberación, Martxelo Otamendi y otras personas detenidas afirmaron haber sido torturadas mediante el método de la “bolsa” (asfixia con una bolsa de plástico) y con ejercicios físicos agotadores, amenazas y simulacros de ejecución.

Un informe redactado por un grupo de juristas internacionales sobre estos cierres[10] señalaba que la medida cautelar de cierre de un medio de comunicación supone el sacrificio del derecho fundamental a la libertad de expresión, tanto en su vertiente individual como desde el prisma colectivo, esto es, como el derecho a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. Si ya era innecesaria en el momento mismo de su imposición- existían otras alternativas sin interrupción de la actividad informativa- el cierre temporal supone en la práctica un cierre definitivo y la negación del derecho constitucional a la libertad de expresión, lo que constituye una vulneración de los artículos 10 y 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como del art. 20 dela Constitución Española que sólo habilita la suspensión del derecho de información y de expresión en supuestos de estado de excepción o de sitio (art. 55.1) y no en los casos de terrorismo (art. 55.2).

Ilegalización de partidos políticos: Batasuna y en ciernes EHAK y ANV

En el 2002 se aprobó la nueva Ley de Partidos. Se trata de una Ley especial que se aplica sobre intenciones y no sobre conductas, y no para toda la ciudadanía por igual sino solo sobre un segmento (el artículo 9 en su totalidad está redactado para perseguir a determinados ciudadanos de determinada ideología para los que se suspenden de hecho los derechos y garantías y pasan al estadio de presuntos culpables permanentes)[11].

Esta Ley de Partidos no era necesaria para proteger la democracia puesto que bastaba el Código Penal que contiene todos sus supuestos. Es así una Ley redundante destinada a un uso político contra la disidencia -empezando por la izquierda abertzale- ya que el bien final a proteger es “el sistema democrático” aunque solo bajo la modalidad definida en la Constitución.

 El Gobierno Vasco presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la Ley de Partidos al considerar que vulnera algunos derechos fundamentales, puesto que no condenar los atentados de ETA no significa secundar ni aprobar sus atentados y, por ende, no es motivo para ilegalizar a un partido político representativo. Si bien el Tribunal admitió a trámite el recurso el 17 de octubre 2002, el recurso era desestimado cinco meses después con lo que el Tribunal Constitucional respaldaba la decisión del TS al respecto[12].

En aplicación de esa Ley, el Gobierno de España remitió el 6 de agosto a la Fiscalía Generalun informe que contenía los motivos fundamentales para proceder a la ilegalización de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna[13]. El 17 marzo de 2003, el TS las ilegalizaba y ordenaba su disolución al estimar que estas formaciones habían vulnerado la Ley de Partidos.

Para que las candidaturas de ANV y de EHAK no pudiesen estar presentes en las Elecciones Generales del 9 de marzo del 2008 fueron suspendidas por el TS y la Audiencia Nacional. En aplicación de la Ley de Partidos se ha procedido al embargo de las cuentas de ANV y EHK[14], al cierre de sus sedes y a la prohibición de realizar cualquier actividad orgánica o acto público. Es el anuncio de dos nuevas ilegalizaciones. Se argumentó que estos partidos no condenaban la violencia de ETA y eran lo mismo que Batasuna (partido ya ilegalizado) y que por sus relaciones quedaban contaminados. Por tanto también ellos eran parte de ETA. Se ha ampliado el círculo de la aplicación de la ley.

Procesos judiciales

El sistema judicial, especialmentela Audiencia Nacionalpero no solo, es cada vez menos garantista.

Segúnla Asociación Vascade Abogados “Eskubideak”, amparándose “en la lucha antiterrorista, el Estado español está vulnerando derechos de opinión, expresión, asociación y manifestación inherentes a asociaciones, organizaciones sociales y populares, partidos políticos, y particulares, siendo en definitiva un ataque a la oposición y disidencia política y una agresión a la pluralidad de ideas”.

Aparte de otros sumarios (18/01, 33/01, 15/02, 35/02, 44/04 y 6/03) que también comparten su incoación por impulso político, el caso más llamativo es la sentencia del macro-sumario 18/98. En el 18/98,[15] se ha condenado a cada una de las cincuenta personas, algunas de ellas pertenecientes a distintos colectivos, a penas superiores a los 10 años. Pertenecientes a grupos sociales y políticos diversos, se concluye que son de ETA porque participan de los designios de ETA aunque ellos mismos no lo sepan y no tengan que ver con la violencia de ETA. La contaminación unidireccional basta. A ello se añade el hecho de aceptar como pruebas suficientes los informes policiales, cuando son solo opiniones de un funcionario policial.

En este sumario la arbitrariedad alcanzó sus más altas cimas en el caso del grupo condenado por su pertenencia a la Fundación Zumalabe. El argumento básico de la sentencia era el siguiente: como ETA en sus boletines internos hablaba en la época a favor de la “desobediencia civil” como otra forma de lucha y los de la Fundación organizaron unas Jornadas sobre el tema, son todos lo mismo, concluye que la Fundación es un apéndice de ETA aunque no lo sepan. Toda una exhibición de racionalidad y rigor científico y un evidente caso de error judicial dada la composición y finalidades de dicha Fundación

Un diagnóstico

Por una parte, la suspensión de ANV y EHAK, las detenciones de los dirigentes de Batasuna, el empleo de torturas en comisarías, los sumarios no garantistas como el 18/98, el cierre de medios de comunicación o los próximos procesos contra Egunkaria y Udabiltza o la judicialización de la política –caso Atutxa/Knorr/Bilbao, imputación al lehendakari y Patxi López- no son tolerables desde el respeto a los principios democráticos y los derechos políticos.

Por otra parte, la violencia armada o los sabotajes como formas de lucha no tienen espacio político en los regímenes democráticos. Más aún, la violencia de ETA, además de matar y de ser una amenaza permanente contra los derechos humanos, cercena derechos civiles como el derecho de todas las personas y opciones políticas a defender libremente sus posiciones.

 Desde luego, ETA sabía que la ruptura de la tregua traería la ilegalización de cualquier representación política de Batasuna. Y, desde su militarismo,la rompió. Peroeso no conviertela actual Leyde Partidos ni las indiscriminadas, repetidas y politizadas actuaciones judiciales en instrumentos de defensa legítima dela democracia. Todono vale con la excusa de la eficacia antiterrorista: degrada a un Estado de Derecho.

La tesis de que todo aquel que no condene expresamente a ETA es, también, ETA, constituye una desfachatez que quiebra el sentido común y la objetividad judicial. Para excluir a Batasuna del espacio político público, solo debería caber la constatación de una participación en los atentados contra personas, bienes o derechos. Es evidente que eso no ha ocurrido. Son un sinsentido las nuevas figuras judiciales fácticas que denuncian los 300 juristas europeos dela “Iniciativa de Observación Internacional”: el “terrorismo pacífico”, el “terrorismo desarmado” y el “terrorista sin saberlo”.

La conjunción de medidas legales, resoluciones judiciales y actuaciones policiales contrala Izquierda Abertzalemayoritaria constituye una estrategia política que viola derechos democráticos básicos y, en especial, el derecho a que una opción política pueda defender sus propuestas, y sea la sociedad la que le de o quite su apoyo. Sacarle ahora del sistema cuando antaño se quería que entrara, es una apuesta propia de una democracia que no cree en si misma y que rezuma electoralismo.

Pero además, esa estrategia carece de límites. Nada se salva de su incontrolada onda expansiva (Fundación Zumalabe, Egunkaria..). Ni siquiera las más altas instituciones vascas. Se ponen obstáculos, un día si y otro también, para desanimar a la sociedad y desviar el abordaje de los problemas de fondo.

La Audiencia Nacionaly el TS, en nombre de la defensa de la democracia, compiten con el propio Gobierno por ir más allá de todo límite democrático. La excepción ya esla norma. Salvandolas distancias entre los gobiernos de Zapatero y de Aznar respecto al diálogo político para la paz, ambos se han apalancado, en lo relativo a las libertades y derechos vinculados al conflicto vasco, en la estela del antiterrorismo preventivo de Bush desde el 11-S.

Hay que parar todo esto antes de que se consolide un agujero negro por el que, sin mesura alguna, vayan degradándose libertades y derechos. Lo peor que podría ocurrirnos como ciudadanía es que, cansados de las gestiones fracasadas -entre Gobierno y ETA para la paz y entre los partidos para la normalización democrática-, desistiésemos de expresarnos en la esfera pública. Si queremos evitar una prolongación interminable de los conflictos hay que subir el volumen y el tono de la voz de la sociedad civil. La cuestión misma del derecho a decidir no es un territorio en propiedad de las instituciones, ni la sociedad civil debe verla como algo ajeno.

  1. IV.               EL DERECHO DE DECISION

El reconocimiento formal del derecho de decisión pasa por ejercerlo de hecho.

La consulta a la ciudadanía, sobre cuestiones relevantes y claramente formuladas que condicionen futuros desarrollos de resoluciones institucionales, es un elemento sustancial a una democracia avanzada. Las dos condiciones de una consulta -relevancia y claridad- no sustituyen a las formas habituales –las elecciones, fundamentalmente- del sistema de decisión (parlamentos, gobiernos). Pero, además de reforzar y complementar esos otros canales para que las instituciones tomen las decisiones, son especialmente oportunas cuando se requiere una legitimación adicional, lo que supone un ejercicio democrático de alta calidad.

En la “hoja de ruta” (septiembre 2007) anunciada por el Lehendakari ante el Parlamento Vasco se establecían fechas, requisitos de relevancia y, se supone, que el Parlamento Vasco exigirá claridad en su formulación.

Una nueva hoja de ruta

Seis meses después que ETA diera por terminada su última tregua, en el debate de Política General del Parlamento Vasco del 28 de septiembre del 2007, el lehendakari presentaba una nueva hoja de ruta con el doble objetivo de “alcanzar la paz y abordar la solución del conflicto vasco”. Anunciaba que el 28 de octubre del 2008 consultaría a la sociedad vasca, sea para ratificar un acuerdo que se hubiera logrado con el presidente español en los temas de pacificación y normalización sea, en caso de desacuerdo, para realizar una consulta habilitadora, no vinculante, que socialmente mandatará a todas las partes a hallar acuerdos. Todo ello condicionado a que el Parlamento Vasco apoye esa convocatoria por mayoría o, de lo contrario, se adelantarían las elecciones autonómicas.

 Los contenidos de las preguntas sometibles a la primera consulta rezarían sobre la pertinencia del diálogo para la desmilitarización, por un lado, y para la negociación política entre partidos sobre las salidas políticas, por otro lado. La primera consulta sería de simple constatación ciudadana de que hay un doble problema de violencia (principio ético) y de reconocimiento jurídico pactado de nuestra realidad nacional (principio democrático). De hecho se reiteraría el apoyo a una decisión del propio Parlamento español (final dialogado de la violencia si no hay violencia) y se apuntaría hacia un acuerdo entre partidos para entrar al fondo del modelo de relaciones entre Euskadi y España.

Si la primera consulta es autorizada por el Parlamento Vasco (25-6-08) y tuviese una amplia respuesta positiva (25-10-08), se pondría en marcha un proceso de acuerdo entre los partidos vascos o en el Parlamento Vasco sobre el modelo de autogobierno sustancialmente distinto al actual, a ratificar mediante una segunda consulta que, para que tuviera valor jurídico, debería ser autorizada, esa sí, por el Gobierno central según la Constitución.

 La segunda consulta –a tres años vista- también sería así sobre otra obviedad: un acuerdo de Normalización, y que no sería muy distinto del preacuerdo de Loiola (PSE-EE, PNV y Batasuna). O sea, que en lo que respecta a su contenido podría ser firmable por la mayoría de los socialistas y de la izquierda abertzale. Esta última se supone que aceptará que ala Comunidad Foralde Navarra o a los de Iparralde (País Vasco de Francia) solo les puedan y deban consultar, si quieren, sus instituciones o ellos mismos, pero no el Parlamento Vasco.

Hasta aquí la propuesta del lehendakari.

Crítica de la crítica

Ignoramos si este calendario se llevará o se podrá o no llevar a cabo pero, desde luego, se ha criticado injustamente esa hoja de ruta como un desafío al Estado, como inoportuna, ilegal…

En primer lugar, en una democracia de baja calidad (J. M. Colomer, dixit)[16], nacida de una Transición amnésica, predominan los “demócratas” con miedo a la democracia. El modelo español está plagado de techos unilaterales, de ruborizantes legislaciones de excepción, de ámbitos ultrapolitizados de la Justicia, de interpretaciones restrictivas permanentes de las normas progresistas….

Se recurre al “imposible jurídico”. Y, sin embargo, no hay problema jurídico para una consulta. El Gobierno de Zapatero puede no prohibirla y puede evitar quela Audiencia Nacional, el TS o el Tribunal Constitucional la impidan; cabe una transferencia provisional por apelación al Derecho Histórico, a que los vascos sepan de si mismos; cabe la aplicación por analogía de la vía de consulta ya existente en el ordenamiento jurídico español, aprobada en los Estatutos de Catalunya y Andalucía. Cuestión de voluntad. Ni más ni menos.

Si hubiese un acuerdo entre Madrid y la ComunidadAutónomaVasca(primer paso propuesto por Ibarretxe) ni la más estricta lectura de la Constituciónimpediría poner en marcha el proceso. Si no lo hubiera, el propio Lehendakari ha reconocido que la consulta no tendría valor jurídico, sino que sería habilitadora o de mandato ciudadano para que se vuelva a los diálogos por la paz, la normalización y la articulación del derecho a decidir de la sociedad vasca. ¿Por qué no puede el Parlamento Vasco tomar una iniciativa así, diciendo no o sí a un pacto con el Gobierno español, o a las condiciones de esa consulta desbloqueadora y no vinculante, si en su sede están todavía todas las ideologías y en él reside la soberanía popular dela Comunidad Autónoma?. ¿Por qué sería ilegal una consulta meramente consultiva, ya contemplada en las legislaciones catalana y andaluza?.

 En segundo lugar, el problema de fondo es que hay un problema de reconocimiento del sujeto nacional. El término de nación aparece en un preámbulo estatutario (Catalunya) o se le llama “realidad nacional” (Andalucía) pero no se acepta que un Estado plurinacional de hecho lo sea de Derecho. Los partidos mayoritarios con su “vivimos juntos, decidimos juntos”, la gestionan con una aritmética de apisonadora de nación única y ajena a la filosofía de la capacidad de decisión sobre el vivir juntos. El bipartidismo en alternancia (PSOE y PP) a escala de los 42 millones de habitantes del Estado Español garantizará siempre unas mayorías del NO…y, así, españoles ala fuerza. En esa interpretación literal se han especializado la mayoría de constitucionalistas “demócratas”, expertos en justificar jurídicamente el imposible democrático de un Estado mononacional en un país plurinacional, en justificar que las naciones sin Estado sean rehenes del Estado unitario, indisoluble e indiscutible y en que, además, no puedan preguntárselo en un referéndum, a pesar de las encuestas reiteradas que reflejan el malestar mayoritario sobre el modelo actual y de que las mayorías electorales periódicas en cada nación tampoco se aceptan para las cuentas. De la voluntad popular al respecto ¡Todo un andamiaje de cartón piedra!

En otro plano distinto, se ha criticado la hipotética consulta indicando que no incluía a Navarra. Desde luego las instituciones dela ComunidadAutónomaVascano pueden ni deben tomar resoluciones que suplanten a Navarra. Obviamente pueden plantear –con el debido respeto- opiniones o propuestas. Fuera de esto sólo a las instituciones y fuerzas políticas y sociales navarras les corresponde abrir el proceso -y a su ciudadanía resolverlo- sobre otro modelo de articulación política, por ejemplo, conla ComunidadAutónomaVasca.

V. UNAS ALTERNATIVAS VIABLES: LA PROPUESTA DE ELKARBIDE Y ERABAKIA

Hay que evitar las dobles varas de medir. No podemos mirar a un solo lado, sea a la violencia, sea al deterioro de las libertades, sea a la capacidad de decisión. Hay que mirar a todos los lados.

Proceso de paz y proceso de normalización o de salida democrática

 No son procesos que se deban condicionar mutuamente, sino que deben abordarse unilateral y separadamente, aunque su desarrollo cualitativo se dará en condiciones de avance en las dos vías.

La consecución de la paz es una prioridad que pasa por separar tajantemente proceso de paz y proceso de normalización, como vías completamente autónomas. Junto a la ausencia de violencia, la paz también pasa por la humanización del conflicto en relación a las víctimas de la violencia y a la política penitenciaria. Estará bien que ETA busque en el futuro un acuerdo sobre las secuelas de la violencia pero, en ningún caso, puede erigirse en intérprete del destino de todos y que solo a una sociedad sin tutelas compete.

Pero el desarrollo definitivo de la paz se garantizará profundizando en la democracia, la justicia y el cierre de conflictos, y no a costa de ellos, y asegurando que todos los proyectos políticos se puedan materializar en condiciones de igualdad, por vías políticas, pacíficas y democráticas.

  Cuatro iniciativas simultáneas y diferentes

Es posible preparar las condiciones mediante iniciativas simultáneas y unilaterales para que esos procesos tengan éxito. Esas condiciones son, a nuestro juicio, cuatro:

a) El final del deterioro de los derechos y libertades democráticas.

 Las libertades, para un sector de la población (izquierda abertzale mayoritaria), están hoy en suspenso en aplicación de la Ley de Partidos y son administradas judicialmente contra las aspiraciones políticas y culturales vascas (procesamientos del Lehendakari, mesa del Parlamento Vasco). Ello es un impedimento para la canalización de un proceso de paz y para la resolución del propio contencioso político, así como una degradación grave de derechos democráticos, por lo que hay que denunciarlos y deben derogarse, cesarse o sobreseerse, según los casos.

b) La exigencia del abandono de la lucha armada de modo definitivo.

La dolorosa cantidad de víctimas producidas por ETA durante todos estos años, constituye una profunda herida moral y política de nuestra sociedad que requiere una justa reparación y es un lastre sobre el desarrollo de la izquierda abertzale como fuerza democrática. La ruptura de la tregua de ETA a finales del 2006 con la vuelta a los atentados mortales así como la intermitente de la kale borroka durante todo ese año nos conducen cuesta abajo.

 Las mismas voces que nos alzamos contra las injusticias exigimos la definitiva paralización de ETA. No se trata sólo de negarle a ETA el derecho a representar a nadie o de insistir en sus efectos destructivos. Se trata, además, de que convirtamos en un clamor que esa violencia política constituye en si misma una violación de nuestros derechos democráticos colectivos y suspende la libertad de los colectivos amenazados.

c) La humanización del conflicto en todos sus extremos.

 La humanización del conflicto implica varios temas.

Por un lado, un apoyo público, moral y material, institucional y social, a aquellas personas, sectores de la sociedad civil, representantes y cargos de partidos, profesores, jueces… que han sufrido una insoportable violencia por parte de ETA, pero también de los que han sufrido o sufren la violencia injusta del Estado o de fuerzas parapoliciales o de la extrema derecha.

Por otro lado, un inmediato cambio radical de la política penitenciaria (acercamiento de presos, liberación de quienes han cumplido tres cuartas partes de la condena y de los enfermos graves, retirada de la doctrina “Parot”…) o el cese de las torturas y malos tratos en las comisarías.

d) Un acuerdo de principio y de método entre las fuerzas políticas.

  Para avanzar en el acuerdo de contenidos es de especial importancia el documento “Bases para el diálogo y el acuerdo político” que es el fruto del preacuerdo de Loiola (31 de octubre 2006)[17]. Habría que retomarlo desde el punto y momento mismo en que estuvieron de acuerdo PSE-EE, PNV y Batasuna, y desarrollarlo ya sea a través de reuniones entre partidos o en una Comisión Parlamentaria. Todo ello partiendo de que todas las fuerzas tengan iguales oportunidades para defender sus proyectos para la normalización política del conflicto vasco.

Como dice en su segundo manifiesto (abril 2008) la plataforma unitaria Erabaki en la que también participa Elkarbide:

Aquel fue un preacuerdo de contenidos de métodos y de calendario de gestión entre las fuerzas políticas de cara al derecho de decisión. (..) Es la base acordada más avanzada entre diferentes partidos vascos en los distintos campos.”

“Ese documento señala unos contenidos sustanciales: el reconocimiento de la identidad nacional del pueblo vasco; el compromiso de que las decisiones de la ciudadanía vasca serán respetadas por las instituciones del Estado y de que todos los proyectos podrán ser defendidos y materializados”.

“Su metodología acepta la incorporación de los acuerdos al marco jurídico, prevé la creación de un órgano institucional común para los territorios de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de la Comunidad Foral de Navarra con atribuciones ejecutivas y de propuesta legislativa; los acuerdos adoptados en las mesas se aprobarán en los Parlamentos Vasco y de Navarra y en las Cortes generales, y se someterían a referéndum…”

“Se supone que PSE-EE, PNV y Batasuna, artífices de este último proceso de acuerdo, no deberían decir ahora que aquel documento solo valía porque había tregua. Sería tanto como decir que existe Pueblo Vasco o contencioso solo si hay tregua. Puede y debe asumirse y desarrollarse aunque, para activarlo como acuerdo resolutivo, se requerirían unas condiciones de cese de la violencia y la participación del conjunto de partidos vascos

“Pasadas las elecciones generales está en manos de Rodríguez Zapatero canalizar el conflicto y evitar el bloqueo. Si el presidente español reconoce ese preacuerdo suscrito por su propio partido, o simplemente acepta sus contenidos básicos, no haría falta más hoja de ruta que la definida en Loiola. Si no se reconoce ese preacuerdo o no se canaliza el derecho de decisión, sería legítimo que se consulte a la ciudadanía de manera inmediata sobre el reconocimiento jurídico de nuestro derecho a decidir como sujeto político o sobre los contenidos de Loiola

Sostenemos el derecho de la sociedad vasca a decidir su futuro político, a un final dialogado de la violencia (si no hay violencia) y a que sea consultada sobre el reconocimiento jurídico de nuestra realidad nacional y, à posteriori, sobre una propuesta concreta con un nivel de consenso suficiente sobre el modelo relacional entre Euskadi y Estado. El 25 de junio el lehendakari presentará en el Parlamento vasco una propuesta que podría ser un punto de arranque en ese sentido, especialmente, si lograra la mayoría parlamentaria.

En suma, para empujar en esas direcciones proponemos desde la pluralidad, al igual que Erabaki, un gran acuerdo de la sociedad civil vasca, a través de instituciones como los sindicatos, las iglesias, las universidades o los movimientos sociales…y la apoyen los partidos que quieran darle una salida democrática a este nuestro dolorido y activo país.

Baleren Bakaikoa, Luis M. Bandrés, Joxe Ramón Bengoetxea, José Manuel Castells, Xabier Ezeizabarrena, Pedro Ibarra, Petxo Idoiaga, Amaia Lizarralde, Jon Gurutz Olaskoaga, Patxi Zabalo y Ramón Zallo, miembros de la plataforma Elkarbide del profesorado universitario vasco

                                                                       Bilbao/Donostia 25-5-2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 A NUESTROS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE OTRAS UNIVERSIDADES

 

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3. Te invitamos a solidarizarte con el siguiente texto remitiéndolo a quien te lo hizo llegar:

 

 Sostengo la necesidad del diálogo para lograr la paz en Euskadi, así como de una negociación entre las fuerzas políticas representativas para dar una salida democrática al conflicto de ajuste entre España y el País Vasco”.

ANEXO: INTRODUCCION SOCIO-CULTURAL, POLITICA Y ECONOMICA AL PAIS VASCO

País Vasco, Vasconia o Euskal Herria es el país de los vascos y vascas visto desde un punto de vista histórico, cultural, lingüístico y de identidad. Euskal Herria también puede traducirse por Pueblo Vasco, el sujeto colectivo que lo habita.

I. GENERALIDADES

Geografía e historia

Situado en el extremo occidental y ambos lados de la cordillera de los Pirineos, le baña el Golfo de Bizkaia (Mar Cantábrico). Ocupa una superficie de 20.664 Km2, habitados por unos tres millones de personas. Ahí es donde el Pueblo Vasco ha permanecido como comunidad, durante milenios ya que su presencia es anterior a los llamados tres tipos europeos del final del Neolítico e inicio de la Edad del Bronce: nórdico, mediterráneo y alpino. Ahí ha mantenido el uso de su propio idioma, el euskera (la lengua vasca), posiblemente la lengua más antigua del continente europeo y que, milagrosamente, ha perdurado hasta nuestros días, en que la habla una media del 25% de la población y la entiende un 40% en Euskal Herria, siendo los porcentajes algo más altos (37 y 50% respectivamente) enla Comunidad Autónoma de Euskadi. Hoy el castellano y el francés son dominantes, y lo conocen todos los habitantes a uno y otro lado del Pirineo, respectivamente. Es decir, se trata de un pueblo antiguo y pequeño, con una fuerte identidad propia y una historia y cultura diferenciadas. Si su organización política viene de antiguo su conciencia nacional, tal como hoy se entiende, se fue forjando a lo largo del XIX para expresarse nítidamente desde principios del XX.

En la actualidad está dividido en tres marcos jurídicos y políticos diferentes:

-La “Comunidad Autónomade Euskadi” o “Comunidad Autónoma del País Vasco” –como dice el Estatuto de Autonomía– que comprende los territorios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y que tiene por capitales a Vitoria-Gasteiz (Araba), Bilbao (Bizkaia), Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa).

-La Comunidad Foralde Navarra (Navarra o Nafarroa) tiene por capital a Pamplona-Iruñea.

- Iparralde (la parte norte) o País Vasco de Francia, está conformado a su vez por los territorios de Lapurdi, Zuberoa y Baja Navarra cuyas capitales respectivamente son Baiona, Maule y Donibane Garazi (Saint Jean Pied de Port).

Mientras dos de ellos (Comunidad Autónoma de Euskadi y Comunidad Foral de Navarra) forman parte del Estado español o España, y se entienden como Hegoalde (la parte sur) o Euskal Herria peninsular, Iparralde pertenece ala República Francesa.

                Territorios y situación de Euskal Herria en Europa

Euskal Herria es así la suma de estos tres ámbitos políticos, o si se quiere de los siete territorios.

En la Comunidad Autónomade Euskadi reside el 72% de la población de Vasconia (2.141.116 habitantes), mientras que el 19% lo hace en Navarra (605.022) y el 9% en Iparralde (262.640). Lo que totaliza para toda Euskal Herria 3.008.778 personas (INE 2007).

Si a finales del XIX, con la industrialización, llegaron muchos inmigrantes a Bizkaia y Gipuzkoa, procedentes sobre todo de Castilla, Navarra, Galicia, La Rioja y Extremadura, en los años 50 a70 del siglo XX hubo otra fuerte inmigración, que llegó igualmente a Araba y Navarra. En cambio, el crecimiento poblacional ha sido escaso en los últimos años. Solo la inmigración de principios del siglo XXI ha supuesto una nueva inyección.

La población se concentra en su inmensa mayoría (95%) en zonas urbanas de tamaño medio y pequeño, aunque abunden los pueblos pequeños en todos los territorios, especialmente en Iparralde, Navarra y Araba. La ciudad más grande, Bilbao, tiene 354.168 habitantes, pero el Bilbao metropolitano –que incluye los pueblos de las márgenes derecha e izquierda de la Ría– ronda el millón.

Aunque el término “Euskal Herria”, hoy en día no define un espacio político institucional como tal, sí define una entidad histórica y cultural que comparte una parte significativa de patrimonio, arte, cultura, idioma e historia.

Dentro dela propia Euskal Herriahay diferencias de identidad nacional entre personas, opciones políticas y mayorías ciudadanas de sus diversas comunidades territoriales. Por eso, la defensa de un proyecto de construcción política propia y común para el conjunto de ella, sólo tendrá legitimidad democrática desde la compatibilidad de los sentimientos nacionales y de pertenencia de la ciudadanía, desde el respeto a la libre decisión previa y particular de Iparralde, Nafarroa yla Comunidad Autónoma Vascay, siempre, desde la garantía del reconocimiento pleno de los derechos de las minorías resultantes.

La percepción de la identidad

La conciencia de la identidad cultural y política vasca ya se produjo a lo largo del XIX en la Euskal Herriapeninsular. Fueron manifestaciones al respecto la reclamación colectiva de defensa de las instituciones forales, al igual que el choque con el modelo unificador español y la debilidad de la identidad nacional española en aquella época. Fue común (por influencia de los liberales fueristas y de los carlistas) percibirse como una nación cultural distinta al resto de España, pero no como otro proyecto global.

Hubo que esperar al siglo XX para que surgiera la conciencia colectiva de nación política que, aunque de la mano del nacionalismo, irá influyendo simultáneamente en parte de las élites y del pueblo, hasta generar esa conciencia colectiva de comunidad nacional. Ésta es hoy la actitud mayoritaria, incluso más allá del nacionalismo.

Con los datos de un reciente estudio editado por el Gobierno Vasco y elaborado por la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, (Identidad y cultura vasca a comienzos del siglo XXI) el dibujo de la Comunidad de Euskadi es el de un país con fuerte identidad y muy plural. Desde el punto de vista de la identidad cultural nacional quienes se sienten sólo vascos o más vascos que españoles son el 55% (frente a los que se sienten sólo españoles o más españoles que vascos que son sólo el 9%) mientras que quienes se perciben tan vascos como españoles son el 28%.

En Euskadi la significativa presencia de la identidad personal vasca (“sólo vascos”, “más vascos que…” y “tan…como”) es nada menos que un 83%. Pero tampoco hay que olvidar la compatibilidad en algún grado entre lo vasco y español para el 46%, porcentaje que indica la importancia de los mestizajes, de las diversas identidades plurales compatibles con una identidad vasca general. En el Estado español sólo se acerca a este fuerte trazo identitario, y a bastante distancia, Catalunya.

En el caso de Navarra, todos los navarros se perciben como tales aunque la gran mayoría hacen compatible su navarridad con una identidad colectiva política más amplia, sea española o vasca. O sea, hay navarros que se sienten vascos, o españoles, o solo navarros, o las tres cosas ala vez. El sentimiento de vasquidad alcanza a una cuarta parte de la población navarra aunque llega casi al 30% entre los jóvenes.

Esas medias no hacen justicia a la distribución territorial desigual dela vasquidad. Mientrasen la Montaña (los valles pirenaicos, Navarra Húmeda y cuenca prepirenaica) ese sentimiento es muy mayoritario, enla llamada Zonamedia, incluida Iruñea-Pamplona, es bastante importante –mayoritario en la Sakana o en Tierra Estella– y, en cambio, es muy minoritario enla Ribera. Porotra parte, hay que constatar que la reciente inmigración alcanza al 10% de la población.

II EL MARCO POLITICO VASCO EN EL ESTADO ESPAÑOL

La transición, democracia y Estatuto

Tras la muerte de Franco (1975) se inició la transición española con tres posturas claramente diferenciadas: los partidarios de mantener el régimen franquista, los defensores de una reforma controlada y los que pedían una ruptura con el régimen anterior. No hubo revolución ni ruptura, sino “reforma pactada” entre el ala moderada del régimen franquista y la mayoría de la oposición. Después de un referéndum para definir el modelo de la reforma política, se celebraron las primeras elecciones legislativas (junio de 1977) y se elaboró la Constitución Española que fue sometida a referéndum (diciembre de 1978). Enla Comunidad Autónoma Vasca sólo la respaldó con su voto positivo un tercio del censo. En Navarra sólo la mitad.

El Estatuto de Autonomía de Gernika fue aprobado en referéndum en 1979. Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se constituyeron en Comunidad Autónoma del País Vasco o de Euskadi con un 53,96% de los votos del censo. El Gobierno Vasco en el exilio se disolvió y cedió sus funciones al nuevo Gobierno legítimo salido de las urnas.

El Parlamento Vasco y el Gobierno Vasco, con sede en Vitoria-Gasteiz, son las principales instituciones de ámbito autonómico de la Comunidad Autónoma de Euskadi y tienen su fundamento en el Estatuto de Autonomía de Gernika, aprobado en referéndum el año 1979. Son instituciones comunes para los tres Territorios Históricos (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) que, además, tienen igual representación en la cámara legislativa o Parlamento Vasco (25 representantes o escaños por cada territorio) independientemente de las diferencias poblacionales. Este es el órgano supremo de representación popular de Euskadi. Sus funciones principales son las de legislar, impulsar y controlar la acción del Gobierno Vasco, así como aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Entre sus miembros se elige al Lehendakari (Presidente) que, además de ser cabeza visible del Gobierno Vasco, ostenta el liderazgo y la máxima representación del país, y nombra a los diferentes consejeros (equivale a ministros) que gestionan los distintos departamentos (Hacienda, Cultura…).

Asimismo, hay un Tribunal Superior de Justicia con competencia en toda Euskadi y en el que se agotan las distintas instancias ordinarias del sistema judicial.

 Aparte de ello, hay una Delegación del Gobierno central en Euskadi.

 En el caso de Navarra,la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra fue promulgada en 1982, aunque sin referéndum.

Iparralde, País Vasco de Francia, forma con el Bearn (no vasco) un único Departamento. Actualmente una mayoría institucional reclama la constitución de un Departamento propio para el conjunto del País Vasco de Francia

Derechos históricos y foralidad

Las incorporaciones a Castilla a lo largo del siglo XII y XIII de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba -que habían pertenecido en anteriores momentos al Reino de Navarra- se produjeron en condiciones de mantenimiento parcial de sus instituciones tradicionales. De esta manera, los reyes o señores de los territorios, que en el siglo XX conformarían la Comunidad Autónomade Euskadi juraban el acatamiento de los Fueros -conjunto de normas nacidas de la costumbre continuada de autogobierno de los territorios, tanto de Derecho público como de Derecho privado- que servían para regular la administración de las provincias vascas y de Navarra. Los Fueros no eran una gratia (privilegio o gracia real), sino un ius (derecho) con reconocimiento real y con origen en un pacto mutuo. Costumbre hecha norma, reconocimiento real y voluntad de pacto son sus componentes necesarios.

Hasta las guerras carlistas -la primera guerra carlista duró de 1833 a1840 y la tercera de 1872 a1876- se reconocían a estas comunidades derechos de zona franca, exención de impuestos a la Corona, la liberación del ejercicio de las armas –salvo en defensa de su territorio–, habeas corpus por gozar de “hidalguía universal” y el respeto a su libre organización interna. Como consecuencia de la derrota carlista que hizo bandera de los derechos forales, todas estas particularidades se abolieron, dejando sólo como derivaciones la organización política provincial basada en las Diputaciones, una capacidad recaudatoria y el Concierto Económico.

También en la actualidad cada uno de los tres territorios de Euskadi cuenta con sus instituciones, con unos parlamentos provinciales o forales (Juntas Generales de Araba, Juntas Generales de Bizkaia y Juntas Generales de Gipuzkoa) y un gobierno provincial (Diputaciones) con competencias bastante amplias, entre ellas la recaudación de los impuestos directos e indirectos.

La propia Constituciónde 1978 incorpora al bloque constitucional el reconocimiento y amparo de los Derechos Históricos como una realidad política para los territorios forales vascos.

 Las relaciones de orden tributario entre Euskadi y el Estado español se regulanmediante el sistema de Concierto Económico. El Concierto proporciona plena autonomía ala Administraciónpública vasca para fijar tipos en los impuestos directos y recaudar toda clase de impuestos y posibilita el ejercicio de las competencias (funciones y servicios) que corresponden a Euskadi en virtud de su Estatuto de Autonomía. La competencia tributaria reside en las Haciendas Forales de sus tres Territorios Históricos. Es un sistema tributario general, similar, con algunas limitaciones a las de un Estado. Se deriva del sistema foral, pero en su fórmula moderna data de 1841 en Navarra y 1878 en Euskadi.

 Recaude lo que recaude –vaya mal o bien la economía vasca y asumiendo un riesgo que no fue positivo en los años 80– Euskadi debe entregar un Cupo al Gobierno de Madrid, para que haga frente a las cargas generales que son de competencia exclusiva del Estado, y que no hayan sido transferidas a Euskadi, especialmente las relaciones internacionales, defensa, los regímenes aduanero y arancelario y el transporte de ámbito o interés general. Está calculado desde 1981 en un 6,24% anual de los Presupuestos Generales del Estado.

Navarra también tiene Derechos Históricos reconocidos como cabecera de Reino que fue. De1515 a 1839, Navarra –tras la conquista castellana– conservó su condición de Reino y sus instituciones privativas (Cortes, Consejo Real, Diputación del Reino, Corte Mayor de justicia ordinaria, Cámara de Comptos para las finanzas públicas) aunque como Reino anexionado a la Corona española. Su Rey pasó a ser el de España y estaba representado por el Virrey. Sin embargo, los sucesores de los Albret (última dinastía navarra) siguieron ostentando formalmente hasta 1789 la Corona de Navarra desde Baja Navarra (País Vasco de Francia).

 Entre 1841 y 1982, Navarra pasó a ser provincia española con pérdida de la capacidad legislativa y judicial, aunque mantuvo la autonomía administrativa y fiscal debiendo contribuir a las arcas estatales. Se respetó el Derecho Civil navarro. Desde 1982, y en aplicación de la Constitución de 1978 y la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Fuero, Navarra es Comunidad Foral con capacidad fiscal y legislativa, dentro de sus competencias. Sus instituciones representativas son el Presidente, el Gobierno y el Parlamento de Navarra.

Navarra tiene un régimen fiscal similar al de la comunidad hermana, denominado de Convenio y con un sistema de cálculo estable.

 Los resultados electorales

Aunque el Parlamento Vasco de la Comunidad Autónomade Euskadi es de mayoría nacionalista siendo mayoritaria la coalición de PNV con EA, con frecuencia EHAK ha votado en contra de las iniciativas del Gobierno tripartito (PNV, EA y Ezker Batua) que está en minoría. En ocasiones, Aralar ha votado con el Gobierno, y para los Presupuestos se han producido acuerdos de gobernabilidad con los socialistas.

 Resultados electorales en Euskadi en 1980, mayo del 2001 y abril del 2005 al Parlamento Vasco

PARTIDO % Votos1980 Escaños1980 % Votos 2001 Escaños2001 %Votos2005 Escaños2005
Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna (EAJ-PNV+ EA)

38

25

42,72

33

38.6

29

Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSE-EE)

14,2

9

17,90

13

22,6

18

Partido Popular (PP) (+UCD en 1980)(+UA en 2001)

13,3

8

23,12

19

17,3

15

EHAK-Ex Batasuna

16,6

11

10,12

7

12,5

9

Ezker Batua Izquierda Unida (EB) (PCE en 1980)

4

1

5,58

3

5,4

3

Euskadiko Ezkerra (nacionalista en 1980)

9,8

6

-

-

-

-

Aralar

-

-

-

-

2,33

1

Censo en el 2005: 1.761.235. Votantes 1.214.604. Abstención 31,05%. Blancos y nulos 12.981.

 

NOTA: Partidos o coaliciones de carácter nacionalista vasco (EAJ-PNV= Partidos Nacionalista Vasco, de centro; EA= Eusko Akartasuna, escisión del anterior de los años 80, de centro- izquierda; EHAK- Ex Batasuna: izquierda abertzale o nacionalista, nacionalismo radical y de izquierda, y que participa de la misma corriente ideológica que ETA; Aralar= una escisión de la anterior o izquierda Abertzale minoritaria, y crítica con ETA); Partidos de ámbito estatal (PSE-EE= Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra, es parte del Partido Socialista Obrero Español, patriota español; PP= Partido Popular (PP), derecha conservadora y nacionalista española); Otros (EB= Ezker Batua, federado con Izquierda Unida, es federalista y de izquierda, con origen en el PCE)

En las elecciones al Parlamento de Navarra de mayo de 2007 –y con una abstención del 26,2%– se dieron los siguientes resultados: Unión del Pueblo Navarro vinculada al PP (derecha conservadora), 22 escaños (42%); Nafarroa Bai (coalición de Aralar, PNV, EA y Batzarre, con origen en izquierda radical), 12 escaños (23,6%); Partido Socialista de Navarra-PSOE, 12 escaños (22,5%); IUN/NEB (Izquierda Unida), 2 escaños (4,3%); CDN (escisión de centro de UPN) , 2 escaños. Los votos nulos atribuibles a Batasuna (ilegalizada) fueron el 5,5%. Hay Gobierno de UPN-CDN en minoría por la indecisión de los socialistas (PSN) para un acuerdo con los nacionalistas (Nafarroa Bai) e Izquierda Unida.

Parlamento de Navarra de mayo de 2007

Candidatura

Votos

%

Escaños

UPN

139.122

42,2

22

NA-BAI

77.893

23,6

12

PSN-PSOE

74.157

22,5

12

CDN

14.418

4,4

2

IUN-NEB

14.337

4,3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Iparralde Ha tenido un proceso propio. Tras la Revolución de 1789 Iparralde junto con Bearn formó el Departamento de Bajos Pirineos por aplicación del centralismo jacobino a pesar de los esfuerzos de los revolucionarios hermanos Garat. A lo largo del XIX se dio un proceso de fuerte integración de élites y pueblo en la dinámica del Estado Francés.

 En los últimos años el diagnóstico de la zona era preocupante: desvertebración territorial en perjuicio del interior; crisis económica y de modelo; alta emigración joven a otros territorios de Francia, combinada con una fuerte inmigración hacia la costa, lo que se ha traducido en que el 55% de la población ya es nacida fuera; debilidad de la cultura vasca y retroceso del euskera; e inexistencia institucional.

Sin embargo, hoy Iparralde vive un fuerte despertar en varios sentidos. En 1994 nacen Garapen Kontseilua –Consejo de Desarrollo (reúne a los agentes sociales)– y Hautetsien Kontseilua –Consejo de Electos (1995)– como organismos asesores en los que se producen los consensos institucionales, económicos y de las fuerzas vivas. Fruto de esos procesos fue el “Schéma d’Aménagement et de Développement du Pays Basque” (1996) –Esquema de Ordenación territorial– como proyecto de regeneración integral que se ha concretado en algunos programas como el “Hitzarmen Berezia” en el año 2000.

Sin embargo, hay falta de acuerdo en cuatro temas sensibles: la reclamación de un Departamento del País Vasco, de una Universidad tecnológica, de la cooficialidad del euskera y de una Laborantza Ganbara -Cámara Agrícola- no dependiente del Bearn. En estos temas hay mayor coincidencia entre las fuerzas económicas, los vasquistas, los socialistas y los nacionalistas.

La cooperación transfronteriza es otro de los retos de Iparralde y Hegoalde. Los precedentes dela Eurociudad Baiona-Donostia, los consorcios entre los pueblos de la frontera… anuncian la necesidad de una Euro-región del País Vasco, especialmente para temáticas culturales, relacionales y económicas.

Elecciones legislativas en Iparralde del 2007

  UMP UDF-MDémocrate PS Euskal Herria Bai (AB, EA y Batasuna) Resto: PCF, LCR, Verts, CPN, FN y otros TOTAL Abstención
1ª vuelta % 43,8 13,2 21,5 8,1 11,3 100 37,6
2ª vuelta % 51,9 8,5 39,4 - - 100 38,9

Fuente: Berria 12/19-06-2007

Nota: UMP= derecha conservadora; UDF= centro; PS= Izquierda moderada; Euskal Herria Bai= coalición nacionalista; PCF = Partido Comunista; LCR=Liga Comunista Revolucionaria; FN = Frente Nacional

En lo electoral, en Vasconia continental se produce un mantenimiento de la derecha conservadora, un ascenso relativo de la socialdemocracia, así como un lento crecimiento del nacionalismo, que va superando su tradicional división tras el peso logrado por Abertzaleen Batasuna (AB) ya en el 2002. En todo caso hay un ascenso del vasquismo cultural más allá de los partidos.

III. UNA ECONOMIA INDUSTRIAL Y POST-INDUTRIAL

En el último tercio del siglo XIX se produjo la industrialización del País Vasco peninsular, teniendo un papel motor, junto con Catalunya, de la modernización de la economía del Estado Español. La industrialización se fue extendiendo desde la margen izquierda de la Ría de Bilbao en el XIX hacia el resto de Bizkaia y, sobre todo, a las comarcas de Gipuzkoa. Su distribución geográfica fue equilibrándose muy lentamente. Araba, junto con Navarra, conoció un gran cambio bastante más tarde, en los años 50 a70 del siglo XX.

La siderurgia, los transformados, la construcción naval, las navieras, los bienes de equipo, la máquina-herramienta, la industria química, las papeleras, la industria auxiliar del automóvil, el caucho… fueron los sectores industriales tradicionales de Euskadi alo largo del siglo XX.

La crisis económica de finales de los 70 del siglo XX y los efectos de la apertura económica produjeron un daño profundo en la economía vasca, cerrándose empresas y casi sectores enteros (la gran siderurgia, empresas del metal y de bienes de equipo, construcción naval…). El desempleo era más del doble del existente enla Unión Europea. Aún hoy se pueden ver sus consecuencias en algunas zonas. De suponer Euskadi el 7,5 del PIB español a finales de los 60, en 1990 bajó más de punto y medio.

Sólo a partir de 1993 la crisis empezó a remitir con una economía más diversificada, abierta al exterior y menos especializada y vulnerable que la de antaño.

El peso de la economía de la Comunidad Autónomade Euskadi en el total del Estado español es en la actualidad el siguiente:

4,8% de la población.
6,4% del Producto Interior Bruto (PIB).
8,27% de las exportaciones.
5,67% de las importaciones.
8,9% de la producción industrial.

La economía ha mejorado de forma significativa en el contexto europeo durante la última década, ya que la renta per cápita ha pasado de representar el 89,62% de la media dela Unión Europeaen 1990 al 125 % en el 2006 –25% por encima de la media europea- ya con una UE de 27 países.

La economía se sigue caracterizando por la importancia de su industria que aporta alrededor del 33% del valor añadido, cuando en los países de la UE ronda el 25%. Hoy es competitiva y tecnologizada y gana participación en los mercados exteriores, especialmente en los mercados europeos.

Con todo, en Euskadi hay una agricultura rentable especialmente en Araba (vid -vino de Rioja Alavesa- y patatas, sobre todo). La ganadería de pastoreo, sin desaparecer, ha dejado paso a las granjas. Los descensos y limitaciones en las capturas de pesca por la reserva de aguas jurisdiccionales (200 millas) y el agotamiento de recursos pesqueros han afectado a la rentabilidad de la pesca y al número de embarcaciones. Los bosques maderables (pino y eucalipto) son especialmente importantes en Bizkaia.

Por sectores la producción industrial de Euskadi representa en el Estado: 90% de aceros especiales; 80% de máquina herramienta; 50% de bienes de equipo; 40% de producción de acero; 40% de electrodomésticos; 33% de caucho y plástico; 27% de construcción naval; 27% de papel y cartón; 25% de componentes de automoción; 25% de aeronáutica; 12% de electrónica, informática y telecomunicación….El peso de la construcción es bajo por lo que le afectará en menor medida la crisis inmobiliaria en ciernes.

Por otro lado, continúa el proceso de terciarización (aumento del sector servicios) de la economía vasca, a semejanza del experimentado por todas las economías avanzadas, suponiendo ya el 64% de la población ocupada.

La economía vasca depende ahora mismo más de sus relaciones económicas con la UE que del mercado español.

Su comercio exterior tiene un saldo positivo aunque es decreciente en relación a la década anterior. En 2006 las exportaciones eran 16.513 millones de euros y las importaciones 17.156 millones de euros. En las exportaciones predominan los bienes de equipo y de transporte, la metalurgia y sus manufacturas, derivados del petróleo, plásticos y caucho. En importaciones sobresalen metalurgia, productos y minerales energéticos, máquinas, material eléctrico y material de transporte. La mayor parte de la exportación (2/3) se dirige a la Europa de los 15 y, más secundariamente, a USA y América Latina. Gipuzkoa destaca por su vocación exportadora

Como economía capitalista que es sus recursos se distribuyen de forma muy desigual y el peso de los público y del as prestaciones sociales están a considerable distancia de lo que reclaman izquierda y sindicatos en un país muy organizado y con una tasa de sindicación que más que duplica la media española.

La economía de Navarra supone el 1,7% del PIB estatal. La industria tiene un peso muy fuerte en Navarra. La población ocupada en la industria y la construcción supone el 34,2%.

Aunque el peso del sector primario en el empleo es pequeño (menos del 6%), tiene importancia su cultivo de vides con denominación de origen –Rioja de Navarra- y la producción hortofrutícola de regadío (pimientos, espárrago, patatas, leguminosas, fruta diversa) que además provee a parte de su industria agroalimentaria. Les acompañan en importancia los cereales, girasol y colza enla Zona Mediay las actividades forestales en los montes maderables del norte.

El sector industrial supone el 29,1% del Valor Añadido Bruto regional –10 puntos por encima de la media española– y se ha especializado en la industria de material de transporte, metalurgia y transformados metálicos e industria agroalimentaria. Entre las tres ramas superan el 50% de la oferta industrial. Les sigue la maquinaria, el papel y las artes gráficas. La economía navarra también crece por encima de la media española y su índice de inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) es incluso superior al de Euskadi.

Su PIB per cápita en el 2006, según el Instituto Nacional de Estadística de España (INE) era de 27.861 euros, el tercero en el ranking después de Madrid y Euskadi. Su índice de PIB per cápita (poder de paridad de compra) en el año 2006, desde un índice 100 para España, era de 125,8, o sea un 25% superior a la media.

El caso de Iparralde es muy distinto.

Tradicionalmente un país agrícola, en la segunda mitad del XIX se inició un turismo importante gracias al ferrocarril y al Segundo Imperio. Napoleón III, con su esposa Eugenia de Montijo, fijó su residencia veraniega en Biarritz (Miarritze), convirtiéndose la Côte Basqueen lugar de moda internacional y de nuevas construcciones y servicios.

En la actualidad, el interior de Iparralde sigue sin un modelo económico equilibrado y de desarrollo, con la excepción de la costa de Lapurdi.

La población activa es de 98.652 personas del total de 262.311 habitantes. El empleo de Iparralde se distribuye así: 6,3% en la agricultura y pesca (tras una gran caída en los últimos años, puesto que entre 1979 y2000 haperdido un 30% de empleos agrícolas); 14,8% en la industria (agro-alimentación, aeronáutica, calzado, electricidad y electrónica, actividad portuaria…) con un total de 14.095 empleos; 6,6% en construcción, que es un ámbito importante; y, sobre todo, servicios, con un 72,2% (notablemente turismo, comercio, hostelería…) y que mantiene un tono sostenido. ELKARBIDE

 

 



[1] Entre sus promotores se encontrabanBaleren Bakaikoa, Luis M. Bandrés, Jose Manuel Castells, Iñaki Goirizelaia, Juan Hernández Zubizarreta,Pedro Ibarra, Petxo Idoiaga, Iñaki Lasagabaster, Demetrio Loperena,Jon Gurutz Olaskoaga y Ramón Zallo, a los que se sumaron poco después Patxi Zabalo, Xabier Ezeizabarrena, Arantza Tapia, Amaia Lizarralde o Mikel Zurbano. Los documentos fundacionales los apoyaron más de 400 profesores y profesoras de las Universidades del País Vasco y de Navarra, así como de algunas otras Comunidades Autónomas y países.

[2] Artículo 520 bis, de ley orgánica 4/1988, de 25 de mayo, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC 1988)

[3] Artículo 504 bis, de LEC 1988

[4] Artículo 504, de ley orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal.

[5] Artículos 533 y 579 de LEC 1988.

[6] Artículo 779, de LEC 1988. Modificada por la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la LEC, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas.

[7] La Mesa del Parlamento Vasco se negó a disolver en 2003 el grupo parlamentario afín a Batasuna por razones formales -el Reglamento de la Cámara lo impedía- y por razones materiales: el Tribunal Supremo se inmiscuía en el funcionamiento del poder legislativo.

[8] Grupo antinacionalista vasco con origen en una parte de la intelectualidad de izquierda y que ha derivado a posiciones similares a la derecha en lo que respecta al modelo de Estado.

[9] El Tribunal Supremo entendió en el caso del magnate bancario Emilio Botín que “no puede abrirse juicio oral solo a instancias de la acusación popular” requiriéndose, paralelamente, o acusación de la fiscalía o de la acusación particular. En virtud de esa doctrina se sobreseyó el proceso. Poco después (El País 17-4-08) se corregía esa doctrina a conveniencia por el mismo TS indicando que cuando no haya perjudicados concretos y nadie ejerce la acusación particular, la acusación popular puede instar la apertura del juicio oral aunque el ministerio fiscal no acuse. Esta reinterpretación aplicada en clave política al caso Atutxa, servirá también para los procesos al Lehendakari, Patxi López y Egunkaria. La mitad progresista de los magistrados votaron en contra de esta auto-corrección del TS.

[10] Se trata de los juristas Kai Ambos (Universidad de Göttingen, Alemania), Juan Luis Gómez Colomer (Universidad de Castellón), Luis P. Salas Calero (Universidad Internacional de Florida, Estados Unidos), John Vervaele (Universidad De Utrecht, Holanda), Juan Bustos (Universidad de Santiago de Chile), Massimo Pavarini (Universidad de Bolonia, Italia) y Raúl Zaffaroni (Universidad de Buenos Aires, Argentina), en el marco de una jornada sobre «Medios de comunicación y conflicto» que tuvo lugar en el Palacio Miramar Donostia el 5-11-2007.

[11] Así aunque un partido político será declarado ilegal solo cuando con su actividad esté “promoviendo, justificando o exculpando los atentados”, y no pareciendo que el silencio equivalga a una actividad, sin embargo, por lo practicado sí es indicio de culpabilidad en la aplicación del artículo.

[12] Una consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo en relación con la ilegalización de Batasuna fue la ilegalización de las candidaturas vascas en las diversas elecciones en virtud de su conexión o no a las ilegalizadas Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok. En este sentido, el 21 de mayo de 2004, la sala especial del Tribunal Supremo, decidía declarar ilegal la candidatura de Herritarren Zerrenda (HZ) a las Elecciones Europeas del 13 de junio. El 26 de marzo de 2005 la misma sala anulaba, por unanimidad, la candidatura dela agrupación Aukera Guztiak (AG) a las elecciones al Parlamento Vasco del 17 de abril permitiendo, en cambio, que pudiera presentarse EHAK que, con el apoyo de la izquierda abertzale, obtuvo 7 escaños.

[13] Herri Batasuna (Unidad Vasca), Euskal Herritarrok (Ciudadanos Vascos) y Batasuna (Unidad) son las denominaciones sucesivas que ha adquirido durante los últimos años la misma opción política nacionalista radical.

[14] ANV mantendrá presencia en algunos Ayuntamientos hasta las elecciones municipales del 2011. EHAK, probablemente, desaparecerá del Parlamento Vasco en menos de un año (elecciones autonómicas del 2009).

[15] El mismo colectivo de abogados señala “Este macro-sumario ha carecido de las garantías procesales mínimas en varios aspectos: en lo referente a la obtención de prueba y mecanismos de investigación, en materia de tratamiento a las personas detenidas e imputadas, en la utilización abusiva del secreto de sumario, en cuestiones referidas a los recursos y recusaciones de jueces contaminados por su interés directo en el caso, en la falta de criterio jurídico en la interpretación de los textos penales y práctica jurídica hasta dicho momento, en la tipificación de los delitos… una auténtica utilización del derecho en base a un interés político prefijado.”

 

[16] En Joseph Mª Colomer “Transición a la democracia: el modelo español”. Anagrama 1998

[17] Ese documento incluía una propuesta de un órgano institucional común para los cuatro territorios peninsulares con atribuciones ejecutivas y de propuesta legislativa, residiendo naturalmente la soberanía en los Parlamentos respectivos. Para no interferir, sería una invitación a que el Parlamento de Navarra hiciera también su reflexión que, quizás, podría ser constructiva si para entonces estuviéramos en un proceso definitivo de paz. Pero eso ya depende de la capacidad de raciocinio de ETA y de la capacidad de liderazgo de PSE y Nafarroa Bai en Navarra.

PEACE, DEMOCRACY AND DECISION MAKING IN THE BASQUE COUNTRY (2008)

 

PEACE, DEMOCRACY AND DECISION MAKING IN THE BASQUE COUNTRY (2008) (Report for foreign university teachers) (2008)

 Elkarbide was formed in 2003 on the initiative of a sector of the Basque university teaching staff who advocated plural and normalised coexistence, as well as a sober political debate on all of the essential questions affecting Basque society.

Following different activities, it was formally constituted on March 16th 2005 as an association and current of opinion, with a founding manifesto signed by 400 lecturers from different universities (University of the Basque Country – UPV/EHU, University of Deusto, University of Mondragón, Public University of Navarre, Universities of Madrid, Barcelona, Santiago, Pau, Reno…)[1]. It set itself the task of recovering the rigorous reflection, rationality and tolerance that should preside over university activities, in this way facilitating constructive contributions based on respect for human and collective rights.

Since then, Elkarbide has continued to develop its public activity. Based on its conviction of the centrality of the right to decide, it has worked to support the resolution of the Basque national conflict. It defends a humanised, democratic, peaceful, identifiable, integrating, ecological, supportive and dignified Basque Country. Here, we will only be making reference to the political facet of the Basque conflict.

Note: For an introduction to the demography, society, economy and institutional model in the Basque Country, see the ANNEX.

I.- THE BASQUE QUESTION

Thirty years have passed since the Political Transition. The world has changed (we belong to the European Union, the Berlin Wall has come down, we are living in a process of globalisation…), some of the uncertainties overshadowing the Transition have cleared (threats of a coup d’etat…), experience has been gained concerning what does and doesn’t work and concerning the transfer of self-government powers and breaches of agreement in that respect; there are new generations who, having taken no part in creating the political model, have the right to improve it. It seems that the time has come to draw a balance that will make it possible to rectify the course taken and resolve outstanding issues, and one of these is the nationalities question.

The so-called “Basque question” is a political conflict originating in the maladjustment of a plurinational state that does not recognise itself to be one, and the negation of the right to self-determination. That is to say: the right of the people who reside in the Basque Country to decide the form of articulating their relations with other communities and peoples and with the states in which the Basque Country is located. The exercise of this right should include dialogue and negotiation with those other communities and states and, of course, the right of consultation of the Basque citizens.

Today, the Statute of Gernika is in force in the Autonomous Community of Euskadi, as it has been since 1979; the political system is organised in conformity with this Statute. But it has run its course and the existing model of self-government and relations with the State is exhausted. It has reached a limit where some problems are being exacerbated rather than resolved. The Autonomy Statute is on the political agenda and being subjected to a process of revision because this is something advocated by a majority of Basque public opinion, at least in the Autonomous Community of Euskadi.

The deep dissatisfaction of the Basques derives from several circumstances.

In the first place, there has been a failure to comply with the statute, due to the non-transferral of certain significant areas of responsibility contained in the Autonomy Statute (social security, science and technology…). Several general or fundamental laws of the State (University, Education, Budgets, Television…) have made the Statute into an increasingly empty norm that is in the process of regression. The Constitutional Court has been lavish in rulings that undermine the Statute. In sum, self-government is at a standstill and is now a hindrance to economic development and Basque social energy, which require regulatory, not merely managerial, self-government.

In the second place, the passage from an industrial society to one that aspires to be a player in the new post-industrial model in a diverse and global context has its requirements. One of these is to achieve peace and the recognition of cultural and political identity, as a starting point for becoming a society that is visible, cohesive and active. Another is to have the decision-making capacity to obtain and manage the decisive resources of our time, on the basis of self-government endowed with public policy tools for managing welfare (social security, social policies), knowledge (science, technology, immaterial added values) and internationalisation (infrastructure, international relations…). It is the above, and not some supposed Basque insatiability, that is spurring change.

In the third place, there is the determination to leave the Basques with an unmanageable country where no solution is possible. On the one hand, a country sacrificed to the centralist, authoritarian and repressive understanding of the State and, on the other, to the intervention of ETA, which is functional as a lesser evil for the State, so that it can avoid facing the underlying problem, and even refuse to allow the citizens to review their thought through an ad hoc consultation.

With that experience of three decades and the demand for a greater decision-making capacity on the Basque side, a period of revision of the state of relations between Spain and the Basque Country has been entered. This conforms to criteria linked to modern principles of self-determination, or the right of democratic decision-making, while historical aspects have a complementary, legitimising function. That is why there is a debate at present about replacing the current Statute in Euskadi, either with a different one framed in terms of association with Spain on the basis of a free decision, or through reform of the existing Statute.

The Basque Parliament of the 2001-2005 legislative period pronounced itself in favour of the first alternative. On December 30th 2004, by an absolute majority (39 against 34), it passed an Act calling for the negotiation of a new Etatute with the Government of Spain and to formalise a political pact of institutional relationship. It urged the Spanish State to recognise that it is a plurinational State, instead of the mono-national model that the Constitution appears to consecrate and that in 1978 received scant (34%) Basque popular support.

That Act for a “Political Statute of the Community of Euskadi” was defined as involving “free association with the Spanish State”. With more powers than the one presently in force – it comes close to being a federal/confederal model for a plurinational Spanish State – it placed special emphasis on bilateral mechanisms for verifying compliance with commitments, on considering the Basque People to be a political subject with the right of decision-making, and the duty to negotiate with the central State. It was rejected by the Spanish Congress of Deputies (parliament) without even being discussed, but its contents form part of the new Basque debate on self-government in the legislative period that began in 2005.

The much repeated argument that the proposal divided Basque society was not a reasonable one. Why should it disturb voters of the PSOE (Socialist Party) or the PP (Popular Party) if there is more self-government, an administration that is closer to the citizens, or international representation – which would include Basque international sports teams? The principle of subsidiarity is something that is today shared by the whole of society. The problem resides in the political apparatuses, in the parties, which have their own interests that they use to shield themselves against the claims proceeding from the society; and thus they refuse to resolve the problems that they were created to resolve.

Besides, in Spanish democracy there is a horror of asking questions, of consulting. It is a contradiction in terms. Forced union without the right to even count how many citizens at a given time agree, or disagree, with the form that union takes (this is not a question of independence), is not a patrimony of free peoples – neither of the people whose aspirations are blocked, nor of the people in whose name consultation is prevented. Spanish democracy is a democracy of low quality, one that is deteriorating. The long experience of Francoism and the form taken by the democratic Transition, which involved a pact the Francoist elites and the democratic forces, cast a long shadow over the democratic sensibility of the Spanish elites, which use regulations as straitjackets against democracy and national identities.

II.- VIOLENCE THAT DOES NOT STOP

 The Basque conflict long predates the existence of ETA, but that organisation’s armed violence has accompanied the conflict since the 1960s. Although it seeks to justify itself by pointing to the democratic deficit or the antidemocratic behaviour of the State, ETA violates essential rights, dehumanises citizens’ relations and causes a degeneration of democratic freedoms. The fact that armed activity has lasted for nearly half a century provides it with no justification at all, either moral or political.

Nor, however, is it honest to use the violence as an excuse for not dealing with deeply-rooted problems until after the former has disappeared. The Basque conflict can and should only be resolved in the space of political action and citizens’ decision-making.

The last case of violence in Europe

It is calculated that over 1,000 deaths occurred in circumstances of political violence between 1968 and 2006. Of these, 800 were caused by ETA and the rest – especially during the late Franco period and the Transition – in confrontations, demonstrations, police stations, resulting from the actions of para-police groups… While in the 1980s there were close to 100 deaths in some years, in the 1990s there were frequent murders of elected representatives and indiscriminate bombings.

Indeed, during this time there have been especially painful episodes, such as ETA’s murder of José María Ryan and Ángel Pascual – engineers working on the Lemoiz nuclear power station, which was stopped as a result , the bombs in the Vizcaya Bank in Bilbao, in the Hipercor supermarket in Barcelona, in the Civil Guard barracks in Zaragoza or Vallecas (Madrid), the foretold execution of town councillor Miguel Ángel Blanco, the murders of the socialist leaders Juan Mari Jauregi and Fernando Buesa or the kidnapping and captivity of the prison warder Ortega Lara. Following the latest truce, two people were murdered at Barajas airport in December 2006; later on, two civil guards were murdered in France; and two days before the general elections of March 9th 2008, the former socialist town councillor Isaiás Carrasco was murdered. To this must be added numerous acts of street violence (kale borroka) against people and property.

Regrettably, the principal part of radical nationalism, the civil and political Nationalist Left, remains silent facing those outrages and has permitted ETA to play a “vanguard” role, imposing situations on the whole of the social-ideological current that calls itself the Basque National Liberation Movement. An the electoral level, the principal part of the Nationalist Left obtains between 100,000 and 150,000 votes, some 10% of the electorate, although in the 1990s this figure was much higher.

On the side of the State, those responsible for the crimes committed under Francoism were never purged or brought to trial. These crimes included the final episodes of the dictatorship, such as the execution of Juan Paredes (Txiki) and Ángel Otaegi in 1975, or the police repression of 1976 in Vitoria-Gasteiz in which five workers died. There were murders during the transition to democracy and afterwards (Xabier Galdeano, Santi Brouard, Josu Muguruza…) carried out by the Spanish Basque Battalion, by the GAL death squad (Anti-Terrorist Liberation Groups)– sponsored by the Socialist leaders in the 1990s – or by the extreme right. Similarly, several ETA militants died as a result of torture in police stations (Joxe Arregi, José Antonio Lasa, José Ignacio Zabala and Mikel Zabalza).

There have been innumerable cases of police torture, a practice which has continued up until the present. Indeed, in the year 2007 alone – a year when there was an ETA truce – there were 42 reports of torture. The reports by Amnesty International or the UN Special Rapporteur on Torture testify to this. One of the most shocking cases was the testimony of the editor of the newspaper Berriak – Martxelo Otamendi – arrested by the Civil Guard when the installations of the newspaper Egunkaria were closed down.

Institutions and social movements, political parties and organisations, church bodies, groups of relevant personalities and even international observers have made several proposals for the eradication of the violence. The unanimous sentiment expressed in these proposals is the need for a definitive end to the violence and for the humanisation of associated phenomena (the transfer to Basque prisons of the over 600 prisoners linked to ETA who are dispersed in distant jails…).

The latest experience of negotiation

March 2006 brought the good news of ETA’s declaring a “permanent ceasefire”. Throughout these years the Basque Country has been in a state of trauma, and it seemed that light could be glimpsed at the end of the tunnel. The truce, which began formally in March 2006 (although there had been no deaths for some time before), ended in March 2007. But in December 2006, ETA fortuitously murdered two people at Barajas airport. The processes of dialogue that had taken place were broken off. These had involved two committees, with different interlocutors and contents: the Committee on Violence (Socialist government-ETA) with authorisation from the Congress and the support of the European Parliament; and the Political Committee related to the normalisation of the underlying political problems, involving the main Basque political forces (Socialist Party, Basque Nationalist Party [PNV] and Batasuna). The latter left an important but inconclusive document: the draft agreement of Loiola, of October 31st 2006, which was entitled: “Foundations for Dialogue and Political Agreement”. It forms a starting point for new meetings.

The attempt was made but it was not to be. The immaturity and militarist authoritarianism of ETA (when a draft agreement open to improvement was in existence, it planted the bomb at Barajas airport); the slowness of Rodríguez Zapatero – in spite of the real involvement of the Socialist Party; the recklessness of an over-politicised and right-wing Judicial Power; the boycott of the Partido Popular (PP – the highly nationalist right-wing Spanish party), had all undermined the process until the moment when ETA decided to dynamite it. The experience can, however, be learnt from: with respect to future methodologies – which must be different from what hasn’t worked on this or other occasions – or the methodology of meetings achieved this time.

The prior experiences of negotiation

In the past, numerous avenues had been explored (Algeria Talks, Ajuria Enea Agreement, Ardanza Route, Lizarra Agreement, Project for a Political Statute) which it seems cannot be repeated.

The unsuccessful talks in Algeria (1989) between ETA and the Socialist government, with a truce of only three months, dealt with political contents approached from very distant political positions.

The path of the Ajuria Enea Agreement (1988), which lasted ten years as a platform of encounter between Basque parties, with the exception of Batasuna, acquired a purely antiterrorist character without bringing any changes; and the “Ardanza Route” (1996) was annulled by the Socialists (Nicolás Redondo and Rosa Díez were the leaders of the Basque Socialists at the time) when they opted for an anti-nationalist pincer movement with the PP.

Nor did the Lizarra Agreement work. This had involved the whole nationalist spectrum, the United Left and the trade union majority. It followed the Irish model, but the confusion between pacification and normalisation gave an almost blank cheque to ETA, whose immaturity and impatience brought about its ruin. On this occasion, the truce lasted formally from September 1998 to November 1999.

The Proposal for a Political Statute passed in the Basque Parliament on December 30th 2004 was rejected outright in the Spanish Parliament, and remains as reserve material that is open to revision.

Don’t wait, prepare

At present the peace process has been suspended, broken. ETA has continued attacking people and property and, throughout 2007 and 2008, the process of deterioration of democratic rights and freedoms has continued. In such circumstances no process of resolutive dialogue is possible. But with time such dialogue is inevitable, because ETA is unable to continue – it has even lost its legitimacy before the Nationalist Left itself – and the door cannot be closed on the future of a country for much time.

For that reason, it does not seem sensible to wait resignedly for ETA to declare a unilateral truce. That might happen – depending on its state of mind or perverse logic – tomorrow or in five years time. Similarly, the State can continue to justify its immobility for a long time while ETA is active.

The argument of waiting involves a double illusion: the certainty that ETA will give up due only to delegitimation and repression; and that the State will change from being mononational in character to being plurinational, out of conviction or by magic. The effect is to give ETA the justification for continuing its activity and a determinant role in defining politics; and to give the State an excuse for not moving and for preventing any change -, while ETA continues its “punch-bag” role, useful to the State as an argument for immobility and for blocking the right to decide.

One of the effects of this blockage is the paralysis of the Nationalist Left. On the one side, it has been banned by the State and expelled from the institutions; and, on the other, it is unable to legitimise its political activity due to its uncritical attitude towards ETA and its actions, and it lacks the cohesion to pursue a course of its own and definitively assume leadership of the political current it represents.

Suitable initiatives must be taken, simultaneously but separately, in the two fields (peace and normalisation): so that ETA does not steal the agenda from the real society, the parties and institutions; and so that the State does not block change to the juridico-political framework. Such blockage will make this stateless nation into the hostage of an institutionalisation it does not support (the Constitution) and of an exhausted route (the old Statute of Autonomy), which no longer serves for its present challenges.

The conditions of change must be prepared. In the immediate future it will be necessary to re-establish political dialogue by means of initiatives that return us to the scheme that nearly all of the political forces accepted in the last ETA truce. This involves the absence of violence – with the declaration of a definitive ceasefire – and a radical separation between the negotiation between the central Government and ETA on the demilitarisation of the conflict, and the negotiation amongst all of the Basque political forces on the contents that will lead to a democratic solution of the conflict.

III.- DETERIORATION OF RIGHTS AND FREEDOMS IN THE LAST DECADE

 The new Law of Political Parties (Organic Law 6/2002 of June 27th) and the antiterrorist regulations form a spider’s web that, when required, can encircle different organisations or leaders that are awkward to the system, reaching far beyond the Nationalist Left. The judicial abuses under the presidency of Rodríguez Zapatero, on the political urging of the General Prosecutor or the judges themselves, have been very worrying.

The antiterrorist legislation

The Socialist government of Felipe González, with the approval of Organic Law 9/1984 of December 26th – against the activity of armed gangs and terrorist elements – laid the basic foundations of the Spanish antiterrorist fight. It contained a worrying restriction of the procedural rights of the individual.

From the year 2000 onwards, the government of Jose María Aznar (Partido Popular) further hardened the existing and already restrictive antiterrorist legislation (police, penitentiary and judicial). Thus the new reform of the Penal Code of January 2003 established, amongst other measures, the raising of the maximum sentence for terrorist offences from 30 to 40 years of prison, or preventing individuals sentenced to over 5 years from acceding to the third penitentiary degree (conditional freedom) until a “safety period” had been effectively served, which corresponded to a minimum of half the sentence imposed.

Other measures that reformed the Law of Criminal Indictment were restrictive of the basic rights of the individual: a person could be suspended from holding a public post by virtue of a simple prosecution order; prolongation of the period of governmental detention for 5 days incommunicado[2]; the possibility of extending provisional imprisonment[3], which involved a de facto advance application of the sentence without an executable ruling[4] ; in some cases, violation of the home and the interception of private communications without judicial authorisation[5] and for an unlimited time are possible; application of “urgent procedures” for terrorist offences[6]; cases of terrorism to be investigated and tried exclusively by a special court, the National Court, created in 1975, independent of the legal place of residence of the accused.

The top authorities on trial

 The sentence of two years banned from public office and fines of 108,000 euros handed down to Juan María Atutxa, member of the PNV and President of the Basque Parliament at the time, and to the former members of the Basque Parliament, Gorka Knörr (Eusko Alkartasuna) and Kontxi Bilbao (United Left), by the Plenary of the Penal Court of the Supreme Court, for disobedience to the same body[7], is an example of the scope of the antiterrorist legislation or of the restrictive Law of Political Parties, which can even affect people or authorities that are totally opposed to terrorism. They are also a proof that antiterrorism can involve a loss of citizens’ rights and procedural guarantees.

Similarly, the President of the Basque government, Juan José Ibarretxe, and the leader of the Socialist Party of Euskadi, Patxi López, have been indicted for meeting with leaders of Batasuna in the search for peace, contravening an abusive, generic judicial prohibition on political parties having relations with the Nationalist Left. In the procedural aspect, the political interest and double standards of the judges close to the Ermua Forum[8] has been made evident. Not wishing to dismiss the case, promoted only at the instance of the “popular accusation” (Ermua Forum and Dignity and Justice) and against the criterion of the prosecutor, the Botín Doctrine is inapplicable according to their understanding. The Supreme Court has made that interpretation its own[9].

The closure of newspapers

The antiterrorist strategy of the Partido Popular, seconded by the Socialist Party, resulted in the closure of two newspapers. In June 1998, judge Garzón “preventatively” closed the newspaper Egin, accused of forming part of a business conglomerate “controlled by ETA”. On July 14th 1998, the same judge decreed through an order the immediate cease of activities of the Orain group, which published Egin.

On February 19th 2003, the examining magistrate of the National Court, Juan del Olmo, through an order, authorised the Civil Guard to search the installations of Euskaldunon Egunkaria, the only newspaper to have been published since 1990 entirely in the Basque language. One day later, the “temporary” closure of this newspaper was ordered, because of its alleged links to ETA, which – the frankly delirious order asserted – controlled the company that published the newspaper. The Prosecution Office itself contradicted and criticised the order and did not present an accusation. Following the closure of the newspaper Egunkaria, a group of managers and journalists were arrested and held incommunicado. Following their release, Martxelo Otamendi and other detainees declared that they had been tortured by means of the “bag” method (asphyxiation using a plastic bag), exhausting physical exercises and mock executions.

A report drawn up by a group of international jurists concerning these closures[10] indicated that the preventative closure of a mass medium meant the sacrifice of the basic right to the freedom of expression, both in its individual facet and from a collective perspective, that is, the right to receive any information and to know the expression of someone else’s thought. While already unnecessary at the moment of its imposition – there are other alternatives without interrupting informative activity – temporary closure meant in practice definitive closure, and negation of the constitutional right to freedom of expression, which constitutes a violation of articles 10 and 15 of the European Convention on Human Rights, as well as of article 20 of the Spanish Constitution that only authorises suspension of the right to information and of expression in cases of states of exception or siege (article 55.1) and not in cases of terrorism (article 55.2).

The banning of political parties: Batasuna and, in the offing, EHAK and ANV

 In 2002 and the new Law of Political Parties was approved. This is a special law that is applied on the basis of intentions and not conduct, and not to all of the citizenship equally, but to one segment (article 9 in its entirety is drawn up to persecute specific citizens of a specific ideology, for whom rights and guarantees are in fact suspended, becoming permanent alleged culprits)[11].

This Law of Political Parties was not needed to protect democracy, given that the Penal Code, which did not contain all of its premises, was sufficient. It is thus a redundant law intended for political use against dissidence – starting with the Nationalist Left – since the real value to be protected is the “democratic system”, although only in the modality defined in the Constitution.

The Basque Government lodged an appeal with the Constitutional Court against the Law of Political Parties, considering that it violates certain basic rights, since not condemning ETA’s actions does not mean support for, or approval of, such actions and, consequently, is not a motive for banning a representative political party. While the Court accepted the appeal for consideration on October 17th 2002, the appeal was rejected five months later with the Constitutional Court supporting the decision of the Supreme Court on this question[12].

In application of that law, on August 6th, the Government of Spain sent a report to the General Prosecutor that contained the basic arguments for proceeding to ban Herri Batasuna, Euskal Herritarrok and Batasuna[13]. On March 17th 2003, the Supreme Court made them illegal and ordered that they should be dissolved, considering that these formations had violated the Law of Political Parties.

So that ANV (Basque Nationalist Action) and EHAK (Communist Party of the Basque Lands) could not present lists of candidates in the General Elections of March 9th 2008, these formations were suspended by the Supreme Court and the National Court. In application of the Law of Political Parties, the bank accounts of ANV and EHAK[14] have been seized, their offices closed and they are banned from carrying out any organisational or public activity. This is the announcement of two new bannings. It was argued that these parties did not condemn ETA’s violence, that they were the same thing as Batasuna (an already banned party) and that they were contaminated because of their relationships. Therefore they too were a part of ETA. The circle of the law’s application has widened.

Judicial trials

The judicial system, especially but not only the National Court, provides increasingly less guarantees.

According to the Basque Lawyers’ Association “Eskubideak”, under the cover of “the antiterrorist fight, the Spanish state is violating the rights of opinion, expression, association and demonstration inherent to associations, social and popular organisations, political parties, and private individuals, in short [it is] an attack on the opposition and political dissidence and an aggression on the plurality of ideas”.

Apart from other indictments (18/01, 33/01, 15/02, 35/02, 44/04 and 6/03) which are also due to this political initiative, the most striking case is the ruling of the 18/98 macro-indictment. In 18/98[15] each of the fifty persons, some of them belonging to different groups, has been sentenced to prison terms of over 10 years. Belonging to different social and political groups, it was concluded that they belong to ETA because they take part in ETA’s plans although they themselves are unaware of it and have nothing to do with ETA’s violence. Unidirectional contamination is sufficient. To that is added the fact of accepting police reports as sufficient evidence, when these are no more than the opinions of a police civil servant.

Arbitrariness in this indictment reached a high point in the case of the group condemned for belonging to the Zumalabe Foundation. The basic argument of the ruling was as follows: since in its internal publications ETA had in its day spoken in favour of “civil disobedience” as another form of struggle, and since the members of the Foundation had organised a conference on this question, they were therefore the same thing; it concluded that the Foundation was an appendix of ETA, although it was unaware of this. A real display of rationality and scientific rigour, and a blatant case of judicial error given the composition and aims of that Foundation.

A diagnosis

On the one hand, the suspension of ANV and EHAK, the arrest of the leaders of Batasuna, the use of torture in police stations, the indictments without guarantee such as 18/98, the closure of mass media, the forthcoming trials of Egunkaria and Udabiltza[16] , or the judicialisation of politics – the Atutxa/Knörr/Bilbao case, the indictment of the Basque President and Patxi López – are not tolerable from a position of respect for democratic principles and political rights.

On the other, there is no political room for armed violence or sabotages as forms of struggle in democratic regimes. Furthermore, ETA’s violence, besides killing and forming a permanent threat to human rights, encroaches on civil rights such as the right of all persons and political options to freely defend their positions.

Of course, ETA knew that breaking the truce would bring the banning of any political representation of Batasuna. And, due to its militarism, it broke it. But that does not make the present Law of Political Parties, nor the indiscriminate, repeated and politicised judicial actions into legitimate instruments in defence of democracy. Not everything goes under the excuse of antiterrorist efficacy: it degrades a State based on Law.

The argument that everyone who does not expressly condemn ETA is also from ETA, is pure nerve that flies in the face of common sense and judicial objectivity. In order to exclude Batasuna from the public political space, the only thing that should count is verification of its participation in armed actions against persons, property or rights. It is evident that this has not happened. The new de facto judicial concepts - condemned by 300 European jurists of the “Initiative of International Observation” – are an injustice: “peaceful terrorism”, “unarmed terrorism” and the “terrorist without being aware of it”.

The set of legal measures, judicial resolutions and police actions against the majority section of the Nationalist Left constitute a political strategy that violates basic democratic rights and, especially, the right of an option to defend its proposals, and that it should be society that supports it or denies it support. To remove it from the system, when in the past what was sought was its participation, is a gamble appropriate to a democracy that does not believe in itself and that exudes short-term electoral interests.

But besides, that strategy knows no limits. Nothing is safe from its uncontrolled shock wave (Zumalabe Foundation, Egunkaria…). Not even the highest Basque institutions. Obstacles are placed, day after day, in order to demoralise Basque society and to avoid facing the underlying problems.

The National Court and the Supreme Court, in the name of defending democracy, compete with the Government itself to see which can exceed every democratic limit. The exception is now the rule. Allowing for the differences between the governments of Zapatero and Aznar on the question of dialogue for peace, both have ensconced themselves, with respect to freedoms and rights linked to the Basque conflict, in the wake of George Bush’s preventive antiterrorism since 9-11.

All of this must be stopped before a black hole becomes consolidated in which freedoms and rights are degraded without any restraint at all. The worst thing that could happen to us as citizens is that, tired of unsuccessful gestures – between the Government and ETA to achieve peace and between the parties for democratic normalisation – we should cease to express ourselves in the public sphere. If we wish to avoid an interminable prolongation of the conflicts, we must raise the tone and volume of the voice of civil society. The question of the right to decide is not a terrain belonging to the institutions, nor should civil society view it as something alien.

IV. THE RIGHT TO DECIDE

Formal recognition of the right to decide passes by way of its exercise in practice.

Consulting the citizens on relevant and clearly formulated questions that condition the future development of institutional resolutions is a fundamental element in an advanced democracy. The two conditions of a consultation – relevance and clarity –do not replace the normal forms – essentially elections – of the system of decision making. But, besides strengthening and complementing those other channels of institutional decision making, consultations are especially opportune when additional legitimisation is required, representing a high quality exercise in democracy.

The “road map” (September 2007), announced by the Basque President before the Basque Parliament, set out dates, relevant requisites, and was cleary formulated.

A new road map

Six months after ETA ended its last truce, in the debate on General Policy in the Basque parliament on September 28th 2007, the Basque President presented a new road map with the double aim of “achieving peace and dealing with the solution of the Basque conflict”. He announced that he would consult Basque society on October 28th 2008. This would either be to ratify an agreement to have been reached with the Spanish President on questions of pacification and normalisation, or, in case of disagreement, to carry out a consultation providing non-binding authorisation that would give the parties a social mandate to seek agreements. This was conditional on a majority of the Basque parliament supporting such a consultation; if not, elections would be brought forward.

The content of the questions to be submitted to the first consultation concerned the appropriateness of dialogue for demilitarisation, on the one hand, and of political negotiation amongst the parties on political solutions, on the other. The first consultation would be a simple verification by the citizens that there is a double problem of violence (ethical principle) and of negotiated juridical recognition of our national reality (democratic principle). In fact, it would reiterate support for a decision of the Spanish Parliament (an end to the violence through dialogue in the absence of violence) and point towards an agreement amongst parties to go deeply into the model of relations between Euskadi and Spain.

If the first consultation receives authorisation from the Basque Parliament (25/6/08) and finds a broad positive response (25/10/08), a process of agreement amongst the Basque parties, or in the Basque parliament, would be set underway on a model of self-government that would be substantially different from the present one. This would be ratified through a second consultation that, in order to have juridical value, would have to be authorised by the Central Government according to the Constitution.

The second consultation – to be held in three years time – would also deal with something obvious: an agreement of Normalisation, which would not be very different from the draft agreement of Loiola (PSE-EE, PNV and Batasuna). That is, with respect to its content, it could be signed by the majority of the socialists and the nationalist left. The latter would accept that concerning the Foral Community of Navarre and the citizens of the Basque Country in France, only their institutions or their citizens can and should be consulted, should they so wish, but not the Basque parliament.

Thus far the proposal of the Basque President.

Critique of criticism

We do not know if this calendar will or can be carried out, but this road map has been unjustly criticised as a challenge to the State, as untimely, as illegal…

In the first place, in a low quality democracy (J. M. Colomer dixit)[17], born from a amnesiac Political Transition, there is a predominance of “democrats” who are afraid of democracy. The Spanish model is plagued with unilateral limits, with embarrassing exceptional legislation, ultra-politicised spheres of Justice, permanent restrictive interpretations of progressive legislation…

The argument employed is that the consultation is “juridically impossible”. And yet there is no juridical problem with a consultation. The Zapatero Government can decide not to ban it, and can stop the National Court, the Supreme Court or the Constitutional Court from preventing it. A provisional transference of the right to consultation, is conceivable through an appeal to Historical Law, so that the Basques can decide on the future of their community. Also conceivable is the application by analogy of the course of consultation already existing in the Spanish juridical code, approved in the Autonomy Statutes of Catalonia and Andalusia. It is no more than question of willingness.

If there was an agreement between Madrid and the Basque Autonomous Community (the first step proposed by Ibarretxe), not even the strictest reading of the Constitution could prevent the process from being set underway. If there is no agreement, the Basque President himself has recognised that the consultation will have no juridical value, instead it would be an authorisation or citizens’ mandate for a return to the dialogues for peace, normalisation and articulation of Basque society’s right to decide. Why should the Basque parliament not take such an initiative, saying yes or no to an agreement with the Spanish Government or to the conditions of that non-binding consultation that would break the impasse, if all the ideological options are to be found in its chamber, which is where the popular sovereignty of the Autonomous Community resides? Why should a merely consultative consultation be illegal, if it is something that is already recognised in the Catalan and Andalusian legislations?

In the second place, the underlying problem is that there is a problem of recognition of the national subject. The term nation appears in the preamble of an autonomy statute (Catalonia) or is called a “national reality” (Andalusia), but it is not accepted that a de facto plurinational State should be so de jure. The majority parties with their “we live together, we decide together”, manage the State with the crushing mathematics of the single nation and are alien to the philosophy of the capacity for decision making regarding that coexistence. The two party alternation in office (PSOE and PP), on the scale of the 42 million inhabitants of the Spanish State, will always guarantee a majority that says NO… hence, Spaniards by obligation. The majority of “democratic” constitutionalists have specialised in that literal interpretation. They are experts in giving juridical justification to what is a democratic impossibility: a mononational State within a plurinational country; experts in justifying that the stateless nations should be hostages of the unitary, indissoluble and indisputable State. Besides, this is something that cannot be asked in a referendum – in spite of repeated surveys that reflect the unease of the majority in each nation concerning the present model.

On a different level, the hypothetical consultation has been criticised because it does not include Navarre. Of course, the institutions of the Basque Autonomous Community cannot, and should not, take resolutions that supplant Navarre. Obviously, they can put forward – with the due respect – opinions or proposals. Beyond that it corresponds only to the institutions and political and social forces of Navarre to open the process – and to the citizens to resolve it – concerning another model of political articulation, with the Basque Autonomous Community for example.

V.- SOME VIABLE ALTERNATIVES: THE PROPOSAL BY ELKARBIDE AND ERABAKI

Double standards must not be applied. We cannot consider only one side of the question, whether this be the violence, the deterioration of freedoms, or the capacity to decide. All sides must be taken into consideration.

Peace process and process of normalisation or democratic solution

 These are not processes that must mutually condition each other; instead they should be approached unilaterally and separately, although their qualitative development will take place under conditions of advance along both paths.

Attaining peace is a priority that involves categorically separating the peace process and the process of normalisation, as completely autonomous paths. Together with the absence of violence, peace also involves humanising the conflict in relation to the victims of the violence and of the prison system. It would be a welcome development if ETA were to seek a future agreement on the sequels of the violence, but, under no circumstances, can it set itself up as the interpreter of the common destiny – this is the sole responsibility of a society without tutelage from anyone.

But the definitive development of peace will be guaranteed by deepening democracy, justice and the suturing of conflicts, not at their cost, and by assuring that all political projects can take material form in conditions of equality along political, peaceful and democratic paths.

Four simultaneous and different initiatives 

It is possible to prepare the conditions by means of simultaneous and unilateral initiatives so that those processes succeed. In our opinion, there are four conditions:

a)      An end to the deterioration of democratic rights and liberties.

For a sector of the population (the majority sector of the Nationalist Left), liberties have been suspended in application of the Law of Political Parties and this legislation is being judicially applied against Basque political and cultural aspirations (indictment of the Basque President, the Basque Parliamentary Committee). This is an obstacle to the channelling of a peace process and for the resolution of the political conflict itself, as well as a grave deterioration of democratic rights, which is why such legislation must be denounced and repealed, and its application stopped or dismissed, according to the cases.

b)      The demand for the armed struggle to be definitively abandoned.

The painful number of victims caused by ETA over the course of these years constitutes a deep moral and political wound for our society. It requires just reparations and is a burden for the development of the Nationalist Left as a democratic force. The breaking of the truce by ETA at the end of 2006, with its return to mortal attacks, as well as the interminable street fighting during that year, are taking us downhill.

The same voices that were raised against injustices, are now raised in the demand that ETA definitively cease its activities. It is not only a question of denying that ETA has the right to represent anyone, or of insisting on its destructive effects. Our voices must also become a clamorous argument that such political violence in itself constitutes a violation of our collective democratic rights and suspends the freedom of the groups that it threatens.

c)      The humanisation of the conflict in all its extremes.

Humanising the conflict involves several issues.

On the one hand, public, moral, material, institutional and social support for those persons, sectors of civil society, representatives and office holders of political parties, judges… who have suffered the unbearable violence of ETA, but also for those who have suffered or suffer the unjust violence of the State or of para-police or extreme right-wing forces.

On the other hand, an immediate and radical change in penitentiary policy (bringing prisoners closer to the Basque Country, freeing those who have served three quarters of their sentence or who are gravely ill, repeal of the “Parot” doctrine [prison sentences served consecutively not simultaneously]) or the ceasing of torture and maltreatment in police stations.

d)      An agreement of principle and method amongst the political forces.

To advance in the agreement of contents, the document “Foundations for Dialogue and Political Agreement”, arising from the draft agreement of Loiola (October 31st 2006)[18], is especially important. It should be taken up again from the very point and time when the PSOE-EE, PNV and Batasuna were in agreement, and developed from there, whether through meetings amongst parties or in a Parliamentary Commission. All of this on the basis of all the forces having equal opportunities to defend their projects for the political normalisation of the Basque conflict.

As the unitary platform Erabaki (in which Elkarbide participates) declared in its second manifesto (April 2008):

That was a draft agreement of contents, methods and a calendar of steps to be taken amongst the political forces with respect to the right to decide.(…) It is the most advanced basis of agreement amongst the different Basque parties in the different fields.

That document indicates certain substantial contents: the recognition of the national identity of the Basque people; the commitment that the decisions of the Basque citizenry will be respected by the institutions of the State and that all projects will be defendable and can materialise.

“Its methodology accepts the incorporation of the agreements into the juridical framework, it envisages the creation of a common institutional body for the territories of the Autonomous Community of Euskadi and the Foral Community of Navarre with executive attributes and the capacity to make legislative proposals; the agreements adopted in the committees will be approved in the Basque and Navarran Parliaments and in the Spanish Cortes Generales (Parliament), and will be subjected to a referendum…

It is supposed that the PSE-EE, PNV and Batasuna, the architects of this latest process of agreement, should not now say that that document was only valid because there was a truce. It would be the same as saying that the Basque people or the Basque conflict only exist if there is a truce. It can and must be taken up and developed, although, to be activated as an resolutive agreement, conditions are required where there is an end to the violence and the participation of all the Basque parties”.

Now that the general elections are over, it is in the hands of Rodríguez Zapatero to channel the conflict and avoid its blockage. If the Spanish President recognises that draft agreement signed by his own party, or simply accepts its basic contents, then no other road maps would be needed except the one defined at Loiola. If that draft agreement is not recognised or the right to decide is not channelled, it would be legitimate to immediately consult the citizenry on the juridical recognition of our right to decide as a political subject or on the contents of Loiola”.

We hold that Basque society has the right to decide its political future, the right to an end to the violence based on dialogue (in the absence of violence), and that it should be consulted on the juridical recognition of its national reality and, a posteriori, on a concrete proposal with a sufficient level of consensus on the relational model between Euskadi and the State. On June 25th the Basque President will present a proposal in the Basque Parliament that could be a starting point in that respect, especially if it achieves a parliamentary majority.

In summary, to advance in those directions, we propose, from a position of plurality, just as Erabaki, that there should be a great agreement of Basque civil society, through institutions like the trade unions, the church, the universities or the social movements… and that it should be supported by the political parties that wish to provide a democratic solution to our wounded and dynamic country.

Baleren Bakaikoa, Luis M. Bandrés, Joxe Ramón Bengoetxea, José Manuel Castells, Xabier Ezeizabarrena, Pedro Ibarra, Petxo Idoiaga, Amaia Lizarralde, Jon Gurutz Olaskoaga, Patxi Zabalo and Ramón Zallo, professors and members of Elkarbide, Basque university initiative.

                                                                    Bilbao/Donostia 25-5-2008


TO OUR COLLEAGUES IN OTHER UNIVERSITIES 

  1. 1.      Please circulate this dossier.
  2. 2.      Get in touch with us if you require further information or a seminar or an explanatory talk at your university. We are preparing a collective book on the different problems.
  3. 3.      We invite you to express your solidarity with the following text, by returning it to the person who sent it to you:

“I maintain that there is a need for dialogue to achieve peace in Euskadi, as well for a negotiation amongst the representative political forces to provide a democratic solution to the conflict of adjustment between Spain and the Basque Country”.


ANNEX: SOCIO-CULTURAL, POLITICAL AND ECONOMIC INTRODUCTION TO THE BASQUE COUNTRY 

The Basque Country, Vasconia or Euskal Herria is the country of the Basques in terms of their history, culture, language, and identity. Euskal Herria can also be translated as Basque People, the group that lives there.

I. OVERVIEW

Geography and History

Located in the far west of the Pyrenees Mountains, the Bay of Biscay splashes its shores. It covers a total of 20,664 km2, and has a population of three million. This is where the Basque People have remained a community, for millenia, as they have been there even longer than the so-called three European types at the end of the Neolithic and start of the Bronze Age: Nordic, Mediterranean and Alpine. There they have continued to use their own language, Euskera (Basque), possibly the oldest language of the European Continent, which has lasted, miraculously, up to present times, in which an average of 25% of the population speaks it and 40% understands it in Euskal Herria, with the percentages being a bit higher (37 and 50% respectively) in the Autonomous Region of Euskadi. Today Spanish and French are dominant, and everyone living on both sides of the Pyrenees knows how to speak those dominant languages. That is, we are talking about an ancient people who number few, that have a strong self-identity, and a separate history and culture. If, since long ago, its political organization has come from its national awareness, as it is understood today, it was gradually forged throughout the 19th century in order to clearly express itself from the beginning of the 20th century.

Currently it is divided into three different judicial and political structures:

-The “Autonomous Region of Euskadi” or The “Autonomous Region of the Basque Country” –as the Autonomy Statute says—which includes the territories of Araba, Bizkaia, and Gipuzkoa, has the following capitals: Vitoria-Gasteiz (Araba), Bilbao (Bizkaia), Donosita-San Sebastián (Gipuzkoa).

-The Provincial Region of Navarra (Navarra or Nafarroa) has as its capital Pamplona-Iruñea.

-Iparralde (the northern part) or The Basque Country of France, consists of the territories of Lapurdi, Zuberoa, and Lower Navarra whose capitals are, respectively, Baiona, Maule, and Donibane Garráis (Saint Jean Pied de Port).

While two of them (The Autonomous Region of Euskadi and The Provincial Region of Navarra) make up part of Spain and are understood as Hegoalde (the southern part) or peninsular Euskal Herria, Iparralde belongs to France.

Thus, it could be said that Euskal Herria is the sum of these three political areas, or of the seven territories.

Seventy-two percent of the Vasconian population resides in the Autonomous Region of Euskadi (2,141,116 inhabitants), while 19% lives in Navarra (605,022) and 9% in Iparralde (262,640). This totals 3,008,778 people for all of Euskal Herria (INE 2007).

If, at the end of the 19th century, with industrialization, many immigrants came to Bizkaia and Gipuzkoa, mostly from Castilla, Navarra, Galicia, La Rioja, and Extremadura, in the 1950s to 1970s there was another significant wave of immigration, which came to Araba and Navarra in equal amounts. However, the population growth in the last couple of decades has been limited. Only the immigration at the beginning of the 21st century has given it another boost.

The overwhelming majority of its population (95%) is concentrated in medium to small sized urban areas, though small towns and villages abound throughout the territories, especially in Iparralde, Navarra and Araba. The largest city, Bilbao, has a population of 354,168, but metropolitan Bilbao—which includes towns to the right and left of the estuary (La Ria)—hovers around one million.

Even though the term “Euskal Herria”, which nowadays does not define a political-institutional space as such, does define a historic and cultural unit which shares a great deal of the same heritage, art, culture, language and history.

Territories and their location: Euskal Herria in Europe

Within Euskal Herria itself there are some differences in national identity between people, political choices, and the majority of citizens of its diverse territorial regions. That is why advocating for a project of their own political creation and common to all of Euskal Herria will be democratically legitimate only if it starts with the compatibility of national sentiments belonging to its society, from respecting the past, particular free choice of Iparralde, Nafarroa and the Basque Autonomous Region, and always starting with the guarantee to fully recognize the rights of the resulting minorities.

Identity Perception

The awareness of Basque cultural and political identity was already made clear over the 19th century in peninsular Euskal Herria. There were demonstrations regarding the collective defense appeal of the local institutions, as well as the clash with the Spanish unifying model and the weakness of the Spanish national identity in those days. It was common (due to the influence of the liberal Fueristas and Carlistas) to be perceived as a cultural nation different from the rest of Spain, but not as another global project.

It was necessary to wait for the 20th century for the collective consciousness of the political nation to arise, which, even though it was hand in hand with nationalism, it kept on, in part, influencing simultaneously the elites and the common folk, until it generated that collective consciousness of national community. This is the main attitude today, even beyond nationalism.

With the data of a recent study, edited by the Basque Government and explained by the Society of Basque Studies, Eusko Ikaskuntza, (Basque Identity and Culture at the Beginning of the 21st Century) the picture of the Region of Euskadi is that of a very diverse country with a strong identity. From the national cultural identity perspective those who feel they are only Basque or more Basque than Spanish make up 55% (compared to those who feel only Spanish or more Spanish than Basque total only 9%) while those who see themselves as much Basque as Spanish total 28%.

In Euskadi the sizeable presence of people with the Basque personal identity (“only Basque”, “more Basque than…” and “as much…”) is no less than 83%. But neither should we forget the compatibility, to some degree, between that which is Basque and Spanish for 46% of the people: a percentage which indicates the importance of blending, and of the diverse, plural identities compatible with a general Basque identity. In Spain, only the region of Catalonia comes close to this strong identity characteristic, and at quite a distance behind the Basques.

In Navarra’s case, all Navarrans see themselves as such, though the vast majority make their Navarra-ness compatible with a bigger political collective identity, whether Spanish or Basque. That is, there are Navarrans who feel Basque, or Spanish, or only Navarran, or all three at once. The feeling of Basqueness reaches a quarter of the Navarran population though it goes up to almost 30% among the youth.

These means do not give justice to the unequal territorial distribution of Basqueness. While in the “Mountain” (the Pyrenees valleys, Navarra Húmeda, and pre-Pyreneean basin) this feeling is quite the majority, in the so-called Middle Zone, including Iruñea-Pamplona, it is quite important—widely held in La Sakana or in Tierra Estella—and, on the other hand, is rather marginally held in La Ribera. It should also be noted that recent immigrants comprise up to 10% of the population.

II BASQUE POLITICAL FRAMEWORK IN SPAIN

The Transition, Democracy and Statute

After the death of Franco (1975) the Spanish Transition began with three clearly distinct stances: those in favor of continuing the Franquista regime, the advocates for a controlled reform, and those who requested breaking off ties with the previous regime. There was neither a revolution nor a breaking of ties, but rather an “agreed reform” between the moderate wing of the Franquista regime and the majority of the opposition. After a referendum to define the model of political reform, the first legislative elections were held (June 1977) and the Spanish Constitution, which was subjected to a referendum, was created (December 1978). In the Basque Autonomous Community, only a third of the population backed it with their positive vote. In Navarra it was only half the population.

The Statute of Autonomy of Gernika was passed through a referendum in 1979. Araba, Bizkaia and Gipuzkoa were established in the Autonomous Region of the Basque Country o Euskadi with 53.96% of the population’s votes. The Basque Government in exile dissolved and handed over its functions to the new legitimate Government which came about as a result of the ballot boxes.

The Basque Parliament and the Basque Government, with their seat in Vitoria-Gasteiz, are the main institutions in the regional sphere of the Autonomous Region of Euskadi and have their basis in the

Statute of Autonomy of Gernika, passed through a referendum in 1979. The three Historical Territories (Araba, Bizkaia, and Gipuzkoa) have the same institutions in common which, in addition, have equal representation in the legislative chamber or Basque Parliament (25 representatives or seats for each territory) regardless of the population differences. This is the supreme body of popular representation in Euskadi. Its main functions are to legislate, drive, and control the action of the Basque Government, as well as pass the budgets from the Autonomous Region. Among its members is a lehendakari (president) who, as well as being the visible head of the Basque Government, shows leadership and maximum representation of the country, and names the different councillors (equivalent to ministers) who manage the various departments (Treasury, Culture…).

Likewise, there is a Supreme Court of Justice with competence throughout Euskadi and in which the different ordinary requests of the judicial system are processed.

Aside from this, there is a central Government Delegation in Euskadi.

In the case of Navarra, the Law of Reintegration and Betterment of the Provincial Regime of Navarra was enacted in 1982, even though it was a without a referendum.

Iparralde, The Basque Country in France, falls into the (non-Basque) Bearn region which has just one Department. Currently, an institutional majority is contesting the constitution of their own Department for France’s Basque Country as a whole.

Historic Rights and Provincialism

The incorporation of Bizkaia, Gipuzkoa, and Araba to Castilla over the 7th and 8th centuries—which previously had belonged to the Kingdom of Navarra—was done in partial keeping with their traditional institutions. Thus, the kings or lords of the territories, who, in the 20th century would make up the Autonomous Region of Euskadi, swore abidance to the Codes of Laws—a group of laws that arose out of the continued custom of self-governance of the territories, both public Law as well as private Law—which were useful in regulating the administration of the Basque provinces and of Navarra. The Codes of Laws were not a gratia (royal law or pardon), but rather an ius (right) with royal recognition originating in mutual accord.

Until the Carlista Wars—the first Carlista war, from 1833 to 1840 and the third from 1872 to 1876—these regions were recognized with special own rights :a tax exemption for the Crown, the liberation of the exercise of arms—except in defense of its territory—, habeas corpus by enjoying “universal aristocracy” and the respect to free, internal organization. As a consequence of the Carlista defeat, all these specifications were abolished, only leaving provincial political organization based on the Diputations as derivatives, a collecting capacity, and the Economic Agreement.

Also, currently, each one of the three Euskadi territories relies on its institutions, with a few provincial or local parliaments (General Meetings of Araba, Bizkaia, and Gipuzkoa) and a provincial government (Diputations) capable of doing a wide range of things, among them, collecting direct and indirect taxes.

The very Constitution of 1978 incorporates recognition and protection of the Historic Rights to the constitutional bloc as a political reality for the Provincial Basque Territories.

The tax order relationship between Euskadi and Spain are regulated by means of the Economic Agreement system. The Agreement gives full autonomy to the Basque Public Administration to set rates in the direct and indirect taxes and collect all kinds of taxes and it makes the competence exercise (functions and services) possible, which correspond to Euskadi by virtue of its Statute of Autonomy. The competence tax rests with the Provincial Treasury of its three Historic Territories. It is a general, similar tax system, with some limitations to those of a country. It is derived from the provincial system, but in its modern form, it dates back to 1841 in Navarra and 1878 in Euskadi.

It collects what it collects—however bad or good the Basque economy may be and assuming a risk that was not a positive one in the 80s—Euskadi must hand over a Cupo to the Government in Madrid, so it will face the general obligations which are of exclusive competence of the state, and which have not been transferred to Euskadi, especially international relations, defense, the customs and tariff system, and charges of a general interest or field. It has been calculated, since 1981, as 6.24 % annually of the National General Budget.

Navarra also has Historic Rights recognized as head of the Kingdom it once was. From 1515 to 1839, Navarra—following the Castillian conquest—kept its condition of Kingdom and its particular institutions (Courts, Royal Council, the Kingdom’s Delegation, Main Court of ordinary justice, Chamber of Accounting for public finances) even though it was as an annexed Kingdom to the Spanish Crown. Its King became the King of Spain and was represented by the Viceroy. However, the successors to the Albrets (last Navarran dynasty) continued to formally display the Crown of Navarra from Lower Navarra (The French Basque Country) until 1789.

Between 1841 and 1982, Navarra became a Spanish province losing legislative and judicial capacity, even though it kept administrative and fiscal autonomy having to contribute to the national treasury. The Navarran Civil Law was respected. Since 1982, and in application of the Constitution of 1978 and the Law of Reintegration and Betterment of the Code of Laws, Navarra is a Provincial Region with fiscal and legislative capacity within its competences. Its representative institutions are the President, the Government, and the Parliament of Navarra.

Navarra has a tax system similar to that of Autonomous Region of Euskadi, named the Agreement and with a stable calculation system.

The Election Results

Even though the Basque Parliament of the Autonomous Region of Euskadi is mostly nationalist with the PNV and EA coalition in the majority, EHAK has frequently voted against the three-party Government’s initiatives (PNV, EA and Ezker Batua) which is in the minority. On occasions, Aralar has voted with the Government, and for the Budgets governability agreements have been made with the socialists.

Election Results in Euskadi in 1980, May 2001, and April 2005 at the Basque Parliament

PARTY % Votes1980 Seats1980 % Votes 2001 Seats2001 %Votes2005 Seats2005
Basque Nationalist Party and Eusko Alkartasuna (EAJ-PNV+ EA) 38 25 42,72 33 38.6 29
Socialist Party of Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSE-EE) 14,2 9 17,90 13 22,6 18
Popular Party (PP) (+UCD en 1980)(+UA en 2001) 13,3 8 23,12 19 17,3 15
EHAK-formerly Batasuna 16,6 11 10,12 7 12,5 9
Ezker Batua United Left (EB) (PCE en 1980) 4 1 5,58 3 5,4 3
Euskadiko Ezkerra (nationalist in 1980) 9,8 6 - - - -
Aralar - - - - 2,33 1

2005 Census: 1,761,235. Voted: 1,214,604. Abstained: 31.05%. Null and void: 12,981.[19]

In the Parliamentary elections of Navarra in May of 2007—and with 26.2% abstaining—these were the results: Union of the Navarran People linked to the PP (conservative right), 22 seats (42%); Nafarroa Bai (Aralar, PNV, EA, and Batzarre coalition, with its origins in the radical left), 12 seats (23.6%); Socialist Party of Navarra-PSOE, 12 seats (22.5%); IUN/NEB (United Left), 2 seats (4.3%); CDN (split from the center of the UPN), 2 seats. The null and void votes that were for Batasuna (which was made illegal) were 5.5%. There is a UPN-CDN Government by minority due to the indecision of the socialists (PSN) to reach a deal with the nationalists (Nafarroa Bai) and United Left.

Parliament of Navarra, May 2007

Candidatura Votes % Seats
UPN 139,122 42.2 22
NA-BAI 77,893 23.6 12
PSN-PSOE 74,157 22.5 12
CDN 14,418 4.4 2
IUN-NEB 14,337 4.3 2

 

 

Iparralde has had its own process. Following the Revolution of 1789, Iparralde, together with Bearn, made up the Department of the Lower Pyrenees due to the application of Jacobine centralism, in spite of the efforts made by the revolutionary Garat brothers. Over the 19th century, the elites strongly integrated with the common folk in the dynamics of France.

In the last few years, an analysis of the zone has been worrisome: economic model crisis; high youth emmigration to other territories of France, combined with a large wave of immigration towards the coast, which has meant that 55% of the population is born outside; weakness in Basque culture with the Euskera language falling back; and institutional non-existence.

However, today Iparralde is experiencing a strong revival in various ways. In 1994, Garpen Kontseilua was begun—Council of Development (it brings together social agents)—and Hautetsien Kontseilua—Electoral Council (1995)—as advising organisms in which institutional, economic, and social forces consensus are made. Fruits of these processes was the “Schéma d’Aménagement et de Développement du Pays Basque” (1996) –Plan for territorial organization—as a project for complete regeneration which as been specified in some programs such as the “Hitzarmen Berezia” in the year 2000.

However, there is a lack of agreement in four sensitive areas: the objection to a Basque Country Department, a technological University, making Euskera a coofficial language, and a Laborantza Ganbara—Agricultural Chamber—not dependent on Bearn. On these issues the economic powers, the Basquists, the Socialists, and the Nationalists coincide on many things.

The cross-border cooperation is another challenge for Iparralde and Hegoalde. The Eurocity Baiona-Donostia, the consortiums between the border-area towns…announces a need for a Euro-region of the Basque Country, especially for cultural, relational, and economic subjects.

As far as the elections go, in continental Vasconia, Iparralde, the conservative right has stayed the same, with a relative rise in the socialdemocrats, as well as a slow growth of nationalism, which is going beyond its traditional division following the weight achieved by Abertzaleen Batasuna (AB) in 2002. At any rate, there is a rise in cultural Basquism beyond the parties.

Legislative Elections in Iparralde in 2007[20]

  UMP UDF-MDémocrate PS Euskal Herria Bai (AB, EA y Batasuna) The Rest: PCF, LCR, Verts, CPN, FN and others Abstaining TOTAL
1st round % 43,8 13,2 21,5 8,1 11,3 37,6 100
2nd round % 51,9 8,5 39,4 - - 38,9 100

Source: Berria 12/19-06-2007

 III. AN INDUSTRIAL AND POST-INDUSTRIAL ECONOMY

In the last third of the 19th century there was an industrialization in the peninsular Basque Country, which had a starter role, along with Catalunya, in the Spanish economy’s modernization. The industrialization gradually expanded from the left side of the Bilbao Estuary in the 19th century toward the rest of Bizkaia and, above all, to the regions of Gipuzkoa. Its geographic distribution balanced itself out very slowly. Araba, along with Navarra, met with a great change quite a bit later on, in the 1950s to 1970s.

The iron and steel industry, transformers, ship construction, ship companies, capital goods, machine tools, the chemical industry, the paper industry, the automotive parts industry, rubber…were the traditional industrial sectors of Euskadi throughout the 20th century.

The economic crisis at the end of the 1970s and the effects of the economic opening produced deep losses for the Basque economy with companies and almost whole sectors closing (the great iron and steel industry, metal and capital goods businesses, ship construction…). Unemployment was more than double that of the European Union. Still today the consequences of it can be seen in some parts. Supposing Euskadi had 7.5% of the Spanish GDP at the end of the 60s, in 1990 it had dropped more than a point and a half.

It was only in 1993 that the crisis started to let up with a more diversified economy, open to the exterior, being less specialized and less vulnerable than before.

The weight of the economy of the Autonomous Region of Euskadi on the whole of Spain is currently the following:

4.8% of the population

6.4% of the Gross Domestic Product (GDP)

8.27% of the exports

5.67% of the imports

8.9% of the industrial production

The economy has improved dramatically in the European context over the last decade, since the per capita income has gone up from representing 89.62% of the average in the European Union in 1990 to 125% in 2006—25% above the European average—already with an EU of 27 countries.

The economy continues to be characterized by the importance of its industry which brings in around 33% of the value added, when in the EU countries it hovers around 25%. Today it is competitive and hi-tech and earns participation in external markets, especially the European ones.

With all this, in Euskadi there is profitable agriculture especially in Araba (wine from Rioja Alavesa—and potatoes, above all). The sheep raising and herding, without disappearing, has taken a back seat to farming. The drops and limitations in fishing due to restrictions on territorial waters (200 miles) and the draining of fishing resources have affected the profitability of the fishing industry and the number of boats. The timber forests (pine and eucalyptus) are especially important in Bizkaia.

The industrial production by sectors in Euskadi represents the following amounts in Spain: 90% of special metals; 80% of machine tools; 50% of capital goods; 40% of steel production; 40% of household appliances; 33% of rubber and plastic; 27% of ship construction; 27% of paper and cardboard; 25% of automotive parts; 25% of aeronautics; 12% of electronics, computers, and telecommunications…Construction is not greatly important due to the small degree of effects the developing real estate crisis has on it.

On the other hand, the Basque economy’s tertiarization process (increase in the services sector) continues on, similar to what all advanced economies have experienced, supposing that 64% of the population is employed.

The Basque economy right now depends more on its economic relations with the EU than the Spanish market.

Its external trade has a positive balance even though it is dropping in relation to that of the last decade. In 2006 there were 16,513 million euros of exports and 17,156 million euros of imports. As for the exports, capital and transport goods, metallurgy, energy products and minerals, machines, electric material and transport material predominate. The majority of the exports (2/3) goes to the 15 member Europe and, more secondarily, to the U.S.A. and Latin America. Gipuzkoa stands out because of its exporting potential.

As a capitalist economy whose resources are distributed in a very unequal way and the importance of public and social loans is considerably less than what those on the left and the unions claim in a very organized country with a unionization rate which more than doubles the Spanish average.

The economy of Navarra makes up 1.7% of the federal GDP. Industry is very important in Navarra. The population which is employed in industry and construction is 34.2%.

Even though the weight of the primary sector in employment is small (less than 6%), it’s Protected Denomination of Origen wines—Rioja from Navarra—and the irrigated horticulture production (peppers, asparagus, potatoes, legumes, a variety of fruits) are important, and in addition, they, in part, supply their agriculture and food industry.  Grains, sunflower, and rape are also important in the Middle Zone and forest activities in the timber mountains of the north.

The industrial sector makes up 29.1% of the regional Gross Value Added—10 points above the Spanish average—and it has specialized in the transport material industry, metallurgy and metallic transformers and the agricultural and food industry. All three branches make up more than 50% of the industrial supply.

Its per capita GDP in 2006, according to the National Statistics Institute of Spain (INE), was 27,861 euros, third in the ranking after Madrid and Euskadi. Its GDP index per capita (Purchasing Power Parity) in 2006, from a 100 index for Spain, was 125.8, meaning 25% more than the average.

For Iparralde the store is quite different.

Traditionally an agricultural country, in the second half of the 19th century, a significant amount of tourism was begun thanks to the railway and the Second Empire. Napoleón III, with his wife Eugenia de Montijo, made their summertime residence at Biarritz (Miarritze), making the Côte Basque a place of international style and new services and property development.

Currently, the interior of Iparralde carries on without a balanced economic model for development, with the exception of the Lapurdi coast.

The active population is 98,652 people total out of 262,311 inhabitants. The employment of Iparralde is spread out along the following lines: 6.3% in agriculture and fishing (after quite a drop in the last several years, since between 1979 and 2000 it has lost 30% of its agricultural jobs); 14.8% in industry (agro-food, aeronautics, footwear, electricity and electronics, port activity…) with a total of 14,095 jobs; 6.6% in construction, which is an important field; and, above all, services, with 72.2% (notably tourism, commerce, restaurant and hotel businesses…) and which keep a sustained level. ELKARBIDE

 

 

 


[1]Its promoters included Baleren Bakaikoa, Luis M. Bandrés, Jose Manuel Castells, Iñaki Goirizelaia,Juan Hernández Zubizarreta, Pedro Ibarra, Petxo Idoiaga, Iñaki Lasagabaster, Demetrio Loperena, Jon Gurutz Olaskoaga and Ramón Zallo, who were joined shortly after by Patxi Zabalo, Xabier Ezeizabarrena, Arantza Tapia, Amaia Lizarralde and Mikel Zurbano. The founding documents were supported by over 400 lecturers from the Universities of the Basque Country and Navarre, as well as those of some other Autonomous Communities and countries.

[2] Article 520 A of organic law 4/1988 of may 25th, reforming the Law of Criminal Indictment (LEC 1988).

[3] Article 504 A, of LEC 1988.

[4] Article 504, of organic law 15/2003, of November 25th, reforming the Law of Criminal Indictment.

[5] Articles 533 and 579 of LEC 1988.

[6] Article 779, of LEC 1988. Modified by Law 38/2002, of October 24th, partially reforming the LEC, concerning the procedure for the rapid and immediate indictment of certain offences and misdemeanors.

[7] In 2003, the Basque Parliamentary Comittee refused to dissolve the parliamentary group aligned to Batasuna for formal reasons – parliamentary regulations forbade this – and for material reasons: the Supreme Court was interfering in the workings of the legislative power.

[8] A group opposed to Basque nationalism that originated in a section of left-wing intellectuals and that has drifted towards positions similar to those of the right on questions relating to the model of State.

[9] The Supreme Court understood in the case of the banking magnate Emilio Botín that “an oral trial cannot be opened only at the instance of the popular accusation” requiring, in parallel, either an accusation by the prosecutor or a private accusation. By virtue of that doctrine the trial was dismissed. Shortly afterwards (El País 17/4/08) that doctrine was corrected at the instance of the Supreme Court itself, when it indicated that when there are no specific persons affected and nobody is exercising the private accusation, the popular accusation can urge the opening of the oral trial although the prosecution ministry does not make an accusation. This reinterpretation, applied politically to the Atutxa case, will also serve for the trials of the Basque President, Patxi López and Egunkaria. The progressive half of the magistrates voted against this self-correction by the Supreme Court.

[10] The group was formed by the jurists Kai Ambos (University of Göttingen, Alemania), Juan Luis Gómez Colomer (University of Castellón), Luis P. Salas Calero (International University of Florida, United States), John Vervaele (University of Utrecht, Holland), Juan Bustos (University of Santiago de Chile), Massimo Pavarini (University of Bologna, Italy) and Raúl Zaffaroni (University of Buenos Aires, Argentina), in the framework of a conference on «Mass Media and Conflict» that took place in the Miramar Palace, San Sebastián on 5/11/2007.

[11] Thus although a political party will be declared illegal only when its activity is “promoting, justifying or excusing armed actions”, with silence not being equivalent to such an activity, nonetheless, in practice such silence is considered circumstantial evidence of culpability in the application of the article.

[12] One consequence of the ruling of the Supreme Court in relation to the banning of Batasuna was the banning of the Basque lists of candidates in different elections by virtue of their being connected, or not, to the banned parties Batasuna, Herri Batasuna and Euskal Herritarrok. In this respect, on May 21st 2004, the special court of the Supreme Court decided to ban the list of candidates of Herritarren Zerrenda (HZ) for the European elections of June 13th. On March 26th, the same court unanimously banned the list of candidates of the grouping Aukera Guztiak (AG) for the elections to the Basque Parliament of April 17th, while, on the contrary, permitting EHAK to stand. EHAK, with the support of the nationalist left, won 7 seats.

[13] Herri Batasuna (Basque Unity), Euskal Herritarrok (Basque Citizens) and Batasuna (Unity) are the successive names adopted in recent years by the same radical nationalist political current.

[14] ANV will continue to have a presence on some town councils until the municipal elections of 2011. EHAK will probably disappear from the Basque Parliament in less than one year (autonomous elections of 2009).

[15] The same group of lawyers indicate “This macro-indictment has lacked the minimum procedural guarantees in several aspects: with respect to obtaining proofs and mechanisms of investigation, with regards to treatment of the arrested and accused persons, in the abusive use of confidentiality in the proceedings, in questions referring to appeals and objections by judges contaminated by their direct interest in the case, in the lack of juridical criterion in the interpretation of penal texts and juridical practice up until this moment, in the categorisation of the offences… a real utilisation of the law on the bases of a pre-established political interest.”

[16] Political assembly of town coucillors of the Nationalist Left.

[17] In Joseph Mª Colomer “Transición a la democracia: el modelo español [Transition to Democracy: the Spanish Model]”, Anagrama 1998

[18] That document included a proposal for a common institutional body for the four Spanish Basque territories with executive attributes and the capacity to make legislative proposals, with sovereignty naturally residing in the respective parliaments. In order to avoid interference, it would be an invitation to the Parliament of Navarre to reflect as well. Such reflection could be constructive if we are, by then, embarked on a definitive peace process. But that depends on the reasoning capacity of ETA and the leadership capacity of the Socialist Party and Nafarroa Bai in Navarre.

[19] Parties or coalitions of the Basque nationalist type (EAJ-PNV= Basque Nationalist Party, to the center; EA= Eusko Akartasuna, a split from before the 80s, to the center-left; EHAK-formerly Batasuna-, radical and leftist nationalism, and which participates in the same ideological current as ETA; Aralar = a split from the former or left Abertzale minority, and critical of ETA); Parties throughout Spain (PSE-EE = Socialist Party of Euskadi-Euskadiko Ezkerra, it is part of the Spanish Socialist Workers’ Party, Spanish patriot; PP = Popular Party (PP), conservative right and Spanish nationalist); Others (EB = Ezker Batua, joined together with United Left, it is federalist and to the left, with its origins in the PCE).

[20] UMP = conservative right; UDF = center; PS = moderate left; Euskal Herria Bai = nationalist coalition; PCF = Communist Party; LCR = Revolutionary Communist League; FN = National Front